“Ahora sí la han agarrado muy duro contra los abogados” me comentó hace unos días un empresario.
Y aunque es cierto que la abogacía se encuentra en la primera línea de batalla frente a las reformas que están debilitando el sistema de justicia en México, la realidad es que quienes terminarán siendo los más afectados no somos solo los abogados, sino todos los mexicanos, sin importar su profesión o si son simpatizantes o detractores del partido en el poder.
Lo más grave es que, como ciudadanía, no hemos terminado de comprender que este debate no es político, no es una lucha de colores ni de ideologías, tampoco de clases sociales. Lo que ocurrió con la reforma judicial del 15 de septiembre de 2024, y lo que se pretende consolidar ahora con la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo presentada exactamente un año después, el 15 de septiembre de 2025 es un golpe directo a los derechos de todos.
La evidencia está frente a nosotros, las redes sociales se inundaron de videos que exhiben la falta de preparación de muchos de los nuevos juzgadores.
Con el procedimiento que diseñaron, lejos de garantizar que llegaran los mejores perfiles, se abrió la puerta a la improvisación y al clientelismo.
Ver audiencias mal dirigidas no debería provocarnos risa, sino alarma, porque el riesgo es para todos, un juez sin conocimientos suficientes puede decidir sobre nuestra vida, libertad y patrimonio.
Incluso quienes celebraron el debilitamiento del Poder Judicial y aplaudieron las directrices de morena deberán comparecer algún día ante jueces formados bajo este esquema.
Y si aquello fue preocupante, lo que ahora se plantea con la reforma al amparo es sencillamente devastador.
La iniciativa restringe la posibilidad de conceder amparos en asuntos colectivos, como los ambientales o los de comunidades indígenas, limita las suspensiones que históricamente han protegido al ciudadano mientras se resuelve el juicio y fortalece de manera desproporcionada a la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que anticipa un escenario de persecución selectiva y de terrorismo fiscal.
A ello se suma la persistencia y ahora el reforzamiento, de la prisión preventiva oficiosa, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México a eliminarla. Y como si fuera poco, la reforma abre la puerta para que las autoridades encuentren vías de escape al cumplimiento de las sentencias de amparo.
Es decir: podrás contar con una resolución que diga que “la justicia de la Unión te ampara y protege”, pero en los hechos nadie te protegerá y quedarás desamparado.
No olvidemos lo esencial: por el solo hecho de ser persona, poseemos derechos fundamentales, la Constitución los reconoce y los dota de garantías para hacerlos efectivos, el juicio de amparo ha sido la principal garantía de defensa constitucional; si le quitamos su fuerza y efectividad, poco podrá garantizar y los derechos humanos sin garantías firmes fuertes y sólidas solo son buenos deseos.
Hoy más que nunca, la expresión popular cobra sentido: que Dios nos ampare, porque el Amparo está a punto de dejar de hacerlo.
