La batalla por la transparencia no es nueva y lleva implícita la lucha social comprometida y constante. Sin embargo, nunca como ahora el gobierno se había empeñado descaradamente en eliminar cualquier mecanismo que lo obligue a transparentar sus acciones, atacando desde a ilegalidad y el abuso de poder el derecho fundamental a la información que, muy a su pesar tenemos reconocido en la constitución los mexicanos.
Todo el siglo pasado México fue un país opaco, siendo esta una característica del régimen autocrático que vivíamos. La información le pertenecía solamente al gobierno, el ocultamiento era una estrategia de la autoridad, que manejaba los datos a su conveniencia, con información dosificada, maquillada, con finalidades de control masificado del pueblo, neutralizando periodistas e investigadores. En 1977 en la Constitución Mexicana se incluyó el derecho a la información, pero era tan ambiguo y general que no pasaba realmente de ser un buen deseo, pues no establecía ni cómo ni cuándo ni cuánto.
Al inicio de este siglo, la presión social fue tomando forma y creciendo de una manera imparable teniendo como actores principales al llamado “Grupo Oaxaca”, el colectivo “Juan Ciudadano” y una serie de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, académicos, empresarios, que se dedicaron a poner en la agenda pública el derecho fundamental a conocer las actividades del gobierno y a exigir leyes y reglamentos que llevaran a la realidad este derecho, así como la existencia de un instituto para vigilar su cumplimiento. En el 2002 se promulga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, el mismo Fox reconoce que “La Ley es un triunfo de la sociedad civil”
Como país llevamos más de 20 años caminando en perfeccionar la transparencia en la información pública gubernamental. Obviamente las cosas no han sido perfectas, pero hemos tenido leyes cada vez más claras, plataformas digitales unificadas de fácil manejo que permiten realizar consultas y formular preguntas de manera sencilla, anónima y sin tener que justificar para que se quiere la información. El instituto garante sanciona a las autoridades que se niegan a compartir sus datos y las obliga a hacerlo y este modelo nacional está replicado en cada Estado.
Al gobierno no le gusta la transparencia, tiene ahorita amordazado al instituto garante nacional (INAI), los senadores no han nombrado a los comisionados necesarios para que funcione en pleno, y no lo han hecho por órdenes expresas del presidente de la república, porque no quiere que nadie lo obligue a presentar los verdaderos datos.
En 2021 el presidente sacó un decreto para declarar como prioritarias y de seguridad nacional sus obras emblema, al momento de ser catalogadas así quedan excluidas de la obligación de ser transparentadas. La semana pasada la Corte declaró nulo ese decreto por ir en contra de la Constitución, horas después como un acto que sólo pudiera ser catalogado como berrinche, el presidente emitió un segundo decreto prácticamente igual para buscar a toda costa bloquear la información relativa a sus obras.
Décadas de lucha social en pro de la transparencia pisoteados en un solo sexenio. No creo que ningún izquierdista genuino pueda avalar esto, sabiendo los esfuerzos que como oposición realizaron para hacer pública la información del gobierno.
Una pregunta vuela en el aire ¿Qué tanto cochinero estarán haciendo en sus obras que les es tan importante bloquear cualquier posibilidad de transparencia?
