Los encargados de la seguridad pública en el estado demuestran beneplácito de que, en más del 90 por ciento de nuestro primer lugar en homicidios dolosos, las víctimas son personas relacionadas con el tráfico de drogas o de combustibles ilícitos, lo que es deplorable y vergonzoso, y aún más porque los grupos criminales han venido asesinando también a personas de bien.
Nuestros gobiernos perdieron la capacidad de asombro que, por fortuna, los ciudadanos conservamos y no solo eso, hoy estamos aterrorizados ante la violencia y la inseguridad que han inundado todos los rincones de Guanajuato.
El hallazgo de dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo quemado y que parecen pertenecer a los jóvenes jinetes Karen Harvey Ruiz y Lorenzo Ríos, se suman a la lista interminable de los casos de horror que ocurren en el estado.
El espacio en esta columna de opinión no alcanza para enumerar todos los atentados, ataques y crímenes, más propios de un país en guerra y en estado de sitio. Todo esto, derivado de gobiernos que, bajo suspicacia, dejaron crecer al crimen y hoy no son capaces de contener.
Las masacres en los anexos del corredor industrial entre las que destaca la ocurrida en el centro de rehabilitación de Irapuato, donde mataron a 27 internos, por parte de un grupo delictivo que presuntamente iba a buscar a alguien a quien no encontró, nos convirtieron en noticia internacional.
La ola de extorsiones en el corredor industrial de Guanajuato especialmente en los municipios del sur, y que eran negadas por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública estatales, se trocaron en ataques y asesinatos en contra incluso de tortillerías, restauranteros y talleres que prefirieron cerrar.
La falta de denuncias no era solo por la incredulidad en nuestro sistema de justicia, sino por el miedo a que los criminales cumplieran sus amenazas, que en muchos casos cumplieron con incendiar negocios y acribillar a sus víctimas.
Amigos y personas conocidas de esos municipios nos comentan el terror que viven en Moroleón, en Acámbaro, en Irapuato, en Celaya, en Los Apaseos, en Salamanca, en Cortazar y que luego se extendió a ciudades como León y San Francisco del Rincón, por lo menos.
Otra imagen que aterra nuestra mente es la de los recientes hallazgos de inhumaciones clandestinas en Acámbaro, donde dos cuerpos abrazados fueron encontrados y sacados de entre la tierra y el lodo; a reserva de las necropsias, quiere decir, de inicio, que los enterraron vivos.
Los encargados de la seguridad pública negaban también la existencia de personas desaparecidas y aún más, la posibilidad de fosas clandestinas. Hoy Guanajuato no es Grandeza de México, es Gran fosa de México.
En lugar de un Estado de derecho, parece que vivimos en narcoestado, una tierra de nadie donde impera la ley del crimen, donde vemos que la seguridad y la paz social son solo discursos fatuos de nuestros gobernantes.
Nadie está a salvo y menos quienes salen diariamente a cumplir con su deber, con su función social como los periodistas. El asesinato a Israel Vázquez, en Salamanca, nos lo corrobora.
Los gobiernos, por interés político antes que social, fomentan a emprendedores, pero no son capaces de brindar la seguridad que todos necesitamos para prosperar. Es el caso de los jóvenes empresarios Ulises, Rogelio, Diego y un amigo de ellos, menor de edad, en Celaya, que fueron masacrados por un grupo delictivo (de los que abundan), solo porque no accedieron al cobro de piso y a realizar trabajos para ellos.
Marcelo Herrera, abogado leonés, colega, con una carrera brillante y en ascenso, su crimen fue portar un reloj y hasta el despacho en donde se encontraba con amigos, fue asaltado y privado de la existencia por asquerosos criminales miembros de una banda que trabaja en la impunidad.
En algunos de esos asuntos, la Fiscalía del Estado, más por presión social que por obligación, vergüenza o amor propio, ha dilucidado los crímenes. Pero en el asunto del licenciado Marcelo, no informa avance alguno. Seguimos exigiendo justicia, no solo para él sino para todas y cada una de las víctimas.
“Golpe de Timón” que cambiaría al estado, que regresaría la paz, según el Gobernador, no fue suficiente. Un golpe de timón, según el argot de la navegación, significa un giro repentino, virar hacia otro punto cardinal, pero no lo han hecho verdadero.
Un giro real en cuanto a la seguridad pública sería el cambio de capitanes del barco, porque nuestro navío es peculiar, es sui generis, tenemos 2 capitanes 2, que son los responsables de la seguridad pública: Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa Aguirre.
Esos dos funcionarios parecen ser el poder detrás del trono, representado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Cada vez que un líder o sector social piden su remoción, ante la falta de resultados, el Gobernador solo los justifica y ratifica en sus puestos. Así no puede haber un viraje en este mar de inseguridad y violencia.
