La reforma al poder judicial de la federación sigue dando mucho de qué hablar y he leído algunos artículos de columnistas serios, varios comentarios en las redes sociales, exposiciones en programas de radio y TV, lamentando el maltrato y afectación a los jueces y magistrados federales, por parte de los órganos administrativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, para explicar la situación de estos servidores públicos tan complicada, es menester analizar distintos escenarios acerca de los mismos y no generalizar y que todos en apariencia hayan sido sacrificados.
Primer Caso.- Quienes decidieron renunciar antes del 31 de diciembre de 2024, y no participar en el proceso electoral de 2025, teniendo el tiempo suficiente para obtener su retiro y jubilación; o sea su pensión vitalicia del ISSSTE que eligieron conforme a la legislación vigente hasta 1997 o bien, con la vigente del 2007 a la fecha. Pero además recibieron su fondo de ahorros administrado y depositado en la aseguradora MetLife, consistente en un 20% de su sueldo nominal que se compuso de un 10% aportado por ellos, más una prestación de 10% aportado por la Suprema Corte, con el cual se les entregaron cuantiosas cantidades que fluctuaron entre 15 a 25 millones de pesos, según su nivel de ahorro y tiempo invertido.
A este grupo solo le falta el pago, y así lo demandan, de tres meses de sueldo y 20 días por año de antigüedad que se incluyeron en un artículo transitorio del decreto, cuando renunciaran voluntariamente como lo hicieron.
Segundo Caso.- Juzgadores que continuaron laborando y que tienen sorteo de Tómbola para salir hasta el año 2027. Esos esperan y no tienen problema, ya decidirán si participan para las elecciones de entonces.
Tercer Caso.- Juzgadores que continuaron laborando y que tienen su salida para el 1º de septiembre próximo, debido a su sorteo en tómbola; aquí hay dos vertientes: a) quienes decidieron participar en la elección pasada y no ganaron, saldrán forzosamente; b) los que participaron en la elección y ganaron una plaza de Juez o Magistrado, continuarán su trabajo aún después del 1º de septiembre.
Pero, los que no participaron en la elección, ya saldrán el 1º de septiembre, con sus prestaciones dependiendo de su antigüedad y su fondo de ahorro MetLife, esperan se les entregue íntegro.
La gran duda e incertidumbre a la fecha, de todo el personal en activo es si a partir del 1º de septiembre próximo habrá cambios en sus salarios y prestaciones, pues uno de los reclamos y críticas del ex presidente López Obrador fue que ganaban mucho y no se ajustaban a los niveles del Poder Ejecutivo; sin embargo, a la fecha todos continúan ganando igual con sus prestaciones intocadas, salvo algunos gastos y reducidos privilegios que tenían los titulares. En este aspecto, estimamos que ya con los nuevos elementos que ingresarán habiendo sido electos “por el pueblo bueno”, pues no creo aceptarán reducción en sus niveles de ingreso; y en todo caso, nos parece que los ajustes serían mínimos solo para los Jueces y Magistrados, pero no para los niveles menores, tales como los Secretarios de Estudio y Cuenta, Actuarios y Oficiales Judiciales que son la gran masa y sostén del funcionamiento institucional.
Si hubiera una afectación a ellos, no puedo imaginar el caos que se generaría, igual o peor al que está actualmente en el Poder Judicial de la Ciudad de México.
