León, Gto., 18 de octubre de 2024.- Mónica Montes Manrique, jueza del Juzgado Quinto de Distrito en Uruapan, declaró que el 50 por ciento de las demandas que atienden al año son de ciudadanos que exigen servicios de salud al IMSS e ISSSTE, las cuales estarán en riesgo en el 2025 por la reforma al Poder Judicial.
“Soy juez de Distrito en materia mixta, llevo en amparo todas las materias y en el sexenio pasado lo que más llegaron de demandas era personas que solicitaban temas de salud como tención médica, prestación de servicios, medicamentos. Es mentira que tenemos el sistema de salud como Dinamarca, a la población no se les da atención médica adecuada en el IMSS ni en el ISSSTE, no tienen medicamentos y los ciudadanos acuden a los amparos.
La abogada con 30 años de experiencia en el Poder Judicial, salió sorteada en la famosa tómbola, “fui número non con el 423, para estar en la elección del 2025, fue un espectáculo vergonzoso y denigrante, por principios voy a declinar, no soy político”, dijo.
“Lo mismo pasa con las vacunas de los niños, tienen que tramitar un amparo para tener el derecho a la salud, que es un derecho humano contenido en la constitución y ahora todo esto les va a afectar a los ciudadanos por qué no van a tener forma de solicitar amparos con jueces imparciales y con experiencia, no se sabe quiénes van a ser los nuevos jueces”.
Recordó que en el actual sistema los ciudadanos obtenían en cuestión de dos horas un amparo para que les entregaran sus medicamentos o recibieran atención médica en el IMSS o el ISSSTE, y en tres meses ganaban la demanda para que continuaran todo el el tratamiento o sus procesos de salud en las instituciones de gobierno federal.
“El año pasado atendí aproximadamente 1,200 amparos, de los cuales 600, es decir el 50%, fueron en temas médicos los ciudadanos solicitan amparos en temas penales por malas integraciones de averiguaciones previas, otros temas como que los fiscales no atienden a los ciudadanos, que los policías abusan de su fuerza y se llevan detenidos a los ciudadanos sin ningún procedimiento”.
“En dos horas obtenían la suspensión de oficio porque se trata de un tema de salud y de riesgo de vida y alrededor de tres meses se tenía la sentencia favorable para el ciudadano, ahora los derechohabientes corren el riesgo de que un juez por quedar bien con quien los puso, van a negar las suspensiones y no los van a atender. El riesgo es que están demandando a dependencias de gobierno federal, además de que los nuevos jueces van a estar regulados por el tribunal de disciplina ligado al gobierno federal”.
Actualmente en la tómbola fueron sorteados 810 juzgadores del Poder Judicial, de los cuales 384 son jueces y 426 magistrados federales, los cuales están analizando sí se registran para competir por el cargo en una boleta en junio del próximo año, o renuncian.
