Agencias.-La autoridad judicial podrá decretar el arraigo de una persona por cualquier delito, no sólo los que tienen que ver con delincuencia organizada, plantea la iniciativa de reforma constitucional que el Ejecutivo entregará este miércoles al Senado.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, entre otros organismos internacionales, han recomendado al gobierno mexicano eliminar la figura del el arraigo de nuestra Carta Magna porque ha derivado en violaciones a los derechos humanos de los detenidos.
No obstante, la iniciativa del Ejecutivo, que propone modificar el artículo octavo del artículo 16 de la Constitución, plantea la reducción de 80 a 40 días el plazo máximo por el que se permitirá el arraigo.
Esta reforma constitucional propone, además, que la autoridad judicial federal pueda autorizar la intervención de cualquier comunicación privada cuando se trate de materias de carácter electoral y fiscal, lo cual en la actualidad no está permitido.
Por otra parte, si bien esta reforma constitucional -que modifica 14 artículos- no plantea reducir la edad de responsabilidad penal, en el anteproyecto de modificaciones a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se incrementa el catálogo de delitos por los cuales podrá ser ingresado un menor a un centro de internamiento.
El documento establece que un menor podrá ser internado por los delitos de extorsión, contrabando y su equiparable; feminicidio, defraudación fiscal y su equiparable; así como la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados; robo a casa habitación; robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.
Además, en el paquete de nueve iniciativas que el Ejecutivo entregará al Senado también se encuentra un proyecto de decreto mediante el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual en su artículo artículo 309 se establece la presunción de responsabilidad:
“A todo imputado que se niegue a ser examinado por peritos, sin causa debidamente justificada, se le apercibirá de tener por ciertos los hechos imputados.
La Junta de Coordinación Política del Senado, que preside el senador Ricardo Monreal, recibirá este miércoles a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quienes entregarán un paquete de nueve iniciativas que buscan reformar el sistema de procuración y administración de justicia.
Estas nueve iniciativas plantearán modificaciones a la Constitución, la Ley de Amparo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, Código Penal Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley de la Fiscalía General de la República.
