Guanajuato destaca hoy en las entidades federativas del país por los niveles de inseguridad, violencia e impunidad. Este podría ser el sello del primer trienio del actual gobierno.
Esta semana al darse a conocer los nuevos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se volvió a corroborar los índices que se viven en nuestro estado.
De enero a abril de este año se cometieron 42 mil 527 homicidios dolosos, una cantidad similar a los habitantes que tiene el industrioso municipio de Moroleón.
Tan solo en abril Guanajuato sumó 8 mil 65 homicidios doloso, cantidad que supera a la población del histórico municipio de Santiago Maravatío.
Ad intra Guanajuato tiene también al campeón de la perla negra de inseguridad: León. La organización Causa Común ya observó a esta ciudad, donde vivimos más de 1.6 millones de personas, como la más peligrosa del país.
Dicho vergonzoso primer lugar se debe a que, tan solo al viernes 22 de mayo, eran habían muerto por homicidio con violencia 57 personas en nuestra ciudad.
Con este panorama considerar como línea discursiva el “ajuste de cuentas”, “delito federal” y “falta de apoyo del gobierno de la República”, es más bien una excusa.
El Diccionario Español Jurídico tiene una definición simple pero contundente de la acción de omitir: “conducta que consiste en la abstención de una actuación que constituye deber legal”.
Estos homicidios dejan daños colaterales en toda la sociedad. Primero, el espectro de inseguridad con el que hoy vivimos los guanajuatenses.
Según la encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, el 74.4 por ciento de la población se siente insegura en Guanajuato.
Aquellos lugares donde la ciudadanía se siente más vulnerable es en la vía pública, en la calle, en el mercado, en el transporte público y en el parque, según la misma encuesta.
Esa inseguridad que el ciudadano percibe en el violentómetro, por supuesto que terminó por robarse la tranquilidad social y, de paso, acentuó la generación de otros delitos del fuero local que, tampoco, ha podido contener el gobierno en su ámbito de competencia.
El resumen, pues, es que la ciudadanía está temerosa por algo que ve que sus autoridades no hacen porque, dicen, que no les corresponde.
Por otro lado, la irrupción de la pandemia por el coronavirus, ha volteado a las autoridades a poner todo su empeño en la atención de esta pandemia que avanza y que, hasta este viernes, ha cobrado la vida de 101 personas en todo el estado.
Con mayor frecuencia vemos a los elementos de seguridad pública local atendiendo llamadas para disolver fiestas, reuniones, convivios que en atender hechos delictivos.
Es loable lo que los elementos realizan pues, al hacerlo, exponen su seguridad y la de los suyos por contagio de un virus que se ha demostrado que es mortal.
Sin embargo, las autoridades hoy no deben atender solo temas de salud, deben atender también al flagelo de la inseguridad que ha matado la esperanza de los ciudadanos, ha destruido comercios y negocios, se ha llevado al turismo en algunas partes y, desafortunadamente, a miles de guanajuatenses… ¡miles!
Debe llegar el momento de la nueva normalidad, pero ¿En Guanajuato la alcanzaremos cuando cada vez más son más altos los índices de violencia?
Por recursos no se ha escatimado. La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León no ha dado un reporte contundente de cómo han mejorado las condiciones en León, por lo contrario, se han convertido en voceros de las acciones de la administración pública.
La voz crítica del Observatorio Ciudadano de León se descalificado por el poder público con más fuerza, desde que está encabezado por una mujer: la Maestra Rocío Naveja.
La nueva normalidad, no debe ser la violencia en Guanajuato, de lo contrario, la ciudadanía tendrá que salir con cubrebocas, pero también, con chalecos antibalas.
