Guanajuato, Gto.- Se llevó a cabo una mesa de trabajo convocada por la Comisión para la Igualdad de Género para analizar dos propuestas legales con las que se busca reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato.
La primera de ellas, presentada por el Grupo Parlamentario del PAN, a fin de obligar a los poderes públicos, ayuntamientos y órganos autónomos a promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género entre los servidores públicos y en el trato que brinden a la ciudadanía.
Al respecto, los iniciantes insistieron en la importancia de incluir el concepto de “lenguaje con perspectiva de género”, ya que se trata de un término más específico. Además precisaron que se trata de una obligación que se aplicaría a todas las autoridades gubernamentales del estado, así como a los organismos autónomos.
En relación a la publicidad gubernamental, se especificó que se busca evitar estereotipos y se destacó la necesidad de ubicar el tema en un apartado específico, con el objetivo de dar mayor claridad. También se abordaron los temas de diseño e implementación de campañas de concientización y programas de desarrollo, y la inclusión del otorgamiento de prestaciones por maternidad y paternidad, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.
En un segundo momento, se analizó la iniciativa formulada por el Grupo Parlamentario del PVEM, con la que se pretende que exista la obligación en los tres Poderes, los Ayuntamientos y los Organismos Autónomos del Estado de Guanajuato de nombrar y designar mujeres en al menos 50% de los cargos directivos y de toma de decisiones.
En este punto, los asistentes coincidieron en que la iniciativa aborda acciones afirmativas. No obstante, señalaron que dar cumplimiento a dicha propuesta en el plazo de un año, como se establece en los artículos transitorios, perjudicaría laboralmente a trabajadores que ya cuentan con puesto y se correría el riesgo de manifestar discriminación hacia los hombres.
Además apuntaron que es necesario contar con un estudio financiero, a fin de conocer el impacto en el presupuesto que significaría la transición a cumplir con la Ley. Asimismo, indicaron que esta modificación no podría ser aplicable en todos los municipios, por la variación en los niveles tabulares para cada uno de los cargos que considera la iniciativa y las responsabilidades que cada uno contempla.
Por otro lado, los iniciantes manifestaron la posibilidad de presentar una contrapropuesta, con el objetivo de que la medida plasmada en la iniciativa se pueda retomar de una manera más viable y de aumentar el plazo para el cumplimiento de la misma, de forma que pueda aprovecharse la coyuntura de los cambios de administraciones en los municipios y el estado.
A la mesa de trabajo acudió la diputada Alejandra Torres Novoa, presidenta de la Comisión, así como representantes de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado y asesores parlamentarios.
