En días pasados, se suscitó la peor masacre que se tenga registrada en Guanajuato. No es un acto aislado, se han venido dando éste tipo de acontecimientos en la misma ciudad y en el mismo tipo de lugares.
Los anexos, son una especie de complejos “informales” la gran mayoría, donde se busca la rehabilitación a las adicciones, por parte de jóvenes de nivel socioeconómico bajo. Donde es muy normal el maltrato físico, vejaciones y violación a los derechos humanos, en esa pretensión de sanación.
Según Nicolás Pérez Ponce, presidente de la asociación de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), dijo que desde el año pasado buscaron al gobernador para alertarlo de esta situación y de los riesgos y vulnerabilidad de los centros, pero simplemente los ignoró “Le dijimos que tan solo en Irapuato hay más de 200 centros irregulares, y que conocemos varios ubicados donde hay hechos ilegales. Que era necesario verificarlos o cerrarlos. Pero nunca nos ha recibido, nos manda con el asesor que a su vez nos dice que denunciemos en la Fiscalía, no con ellos”
Por cierto, no es gratuito; los familiares saben que deben pagar por ese “tratamiento” para desintoxicar a la persona.
La autoridad ¿Al no poder atender a ésta población en situación vulnerable, se hace de la vista gorda con éstos lugares o es por complicidad con los grupos delincuenciales?
El que sea refugio de ex maleantes o semillero de miembros de los carteles de las drogas, por la necesidad de ingreso, facilidad de la integración al medio y experiencia en el uso y tráfico de las drogas. Convierte a estos centros en lugar prioritario de atención por parte de las instancias de procuración de justicia y seguridad del estado. Cosa que evidentemente no sucede.
Irapuato sufrió de tres ataques violentos en éstos tipos de centros, previo a la masacre del 1 de julio. En diciembre del 19, secuestraron a 24 internos. Aparecieron unos asesinados, del resto, no se sabe de ellos. El 8 de febrero, incendian otro anexo y se llevan a 5. el pasado 6 de junio, un comando ingresó a un anexo y asesinó a 10 personas. Bajo el mismo modo, éste último ataque dejó 26 muertos.
La característica en común, todos fueron anexos ilegales.
Esta masacre, es el punto de inflexión en materia de seguridad para el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, que viene inmediatamente después al escándalo por los errores cometidos en el proceso y consecuente liberación, de los familiares del Marro. Aunado a los índices, de Irapuato, León, Celaya y Salamanca, en materia de asesinatos e inseguridad; que ponen a las principales ciudades del estado, en nada honrosos primeros lugares a nivel mundial.
El 47.7 % (ENVIPE 2019, INEGI) de los guanajuatenses tenemos algo de confianza al procurador y sus labores que realiza, y el 33.9 % no le tienen nada. Lo que provoca que se le dé un 5.0 de calificación (ENCIG 2019, INEGI) por su actuación. Muy diferente a lo que presume el gobernador poniéndole como uno de los mejores del país.
Hoy en día, existe la asociación mental, violencia en Guanajuato = Carlos Zamarripa. Este fenómeno pone contra la pared al gobernador, en su enfrentamiento contra el Presidente López Obrador. Entre más lo defienda, mayor el costo político y, en consecuencia, pérdida de puntos de aprobación de la población a su gestión. Por lo que tiene que decidir, si sacrifica al procurador y “lo renuncia” con el costo político que conllevaría, o aguanta a capa y espada las críticas cada vez más incisivas y pierde popularidad por ello.
El proceso electoral del 2021, ya comenzó. El PAN sale a defender una “autonomía” del Congreso en el supuesto nombramiento de Zamarripa, sin importarle las consecuencias al Gobernador, por polarizar el tema. El riesgo de perder en las intermedias el control del Congreso local, debiera ser el argumento principal en su actuar. Parece que no lo ven así.
La polarización la quieren llevar al “abandono” de la federación, en materia de seguridad; contra efectividad de la procuraduría, e incapacidad de enfrentar por sí misma a los carteles de las drogas en el estado. Pero ésta premisa, se desvanece al ver las inverosímiles actuaciones para con las detenciones de la mamá, papá y familiares del Marro, y su posterior liberación.
¿Acusamos un abandono de la federación como pretexto, o estamos mostrando una real incapacidad de actuación? Ambas, demuestran ineptitud para poder detener la peor crisis de seguridad en la historia del estado. Ambas ponen al procurador Zamarripa, en la antesala de su renuncia.
