Alejandro Gómez Tamez*
El madrugada del pasado sábado 2 de diciembre, el Senado de los Estados Unidos aprobó su propia versión de una reforma fiscal, la cual tiene como principal componente una disminución del impuesto sobre la renta (ISR) a las corporaciones y empresas de dicho país del 35% actual al 20%, lo que representa un ahorro para éstas de aproximadamente 1.5 billones de dólares (1.5 trillones en inglés) durante los próximos 10 años. También está considerado aumentar el tope de las deducciones fiscales personales a 12 mil dólares para individuos y a 24 mil dólares para parejas. Sin embargo, estos cambios ocurrirán a costa de elevar su deuda pública en 1 billón de dólares durante el mismo periodo, ya tomando en consideración en mayor crecimiento económico que se espera que lograrán.
De esta manera, el presidente Donald Trump, está a punto de obtener su primera victoria legislativa en casi un año; lo cual como comentaremos líneas más adelante, podría quitarle un poco de presión a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dado que Trump ya por fin tiene una importante promesa de campaña cumplida (aunque los cambios fiscales propuestos acabarán por beneficiar más a los ricos que a quienes votaron por Trump en el mediano plazo).
Aún falta que se dé una reconciliación en la propuesta de reforma fiscal aprobada por la Cámara de Representantes con la propuesta aprobada por el Senado, pero se estima que esto no implica ningún riesgo de que la reforma fiscal que implica una disminución al ISR corporativo se pueda descarrilar. El líder del partido republicano en el Senado, Mitch McConnell ha dicho que es altamente probable que esta semana ambas cámaras lleguen a un acuerdo respecto a la propuesta final para que se convierta en ley.
Con este paquete fiscal, el más importante en tres décadas, se espera que haya un importante estímulo a la economía de nuestro vecino del norte, y que en principio, con los ahorros de impuestos que tengan las empresas, tengan más recursos para realizar inversión productiva, y de esta manera se creen más empleos que estimulen la economía. De igual forma, se cree que con el mayor crecimiento económico, eventualmente habrá una mayor recaudación de impuestos, pero éstos no serán lo suficientemente elevados como para compensar la pérdida de ingresos por la disminución en la tasa impositiva y por eso se endeudarán más. Desde luego que este escenario tiene riesgos, ya que si en Estados Unidos las corporaciones utilizan sus ahorros en impuestos para comprar más acciones, pagar deudas, pagar mayores dividendos a sus accionistas, entre otros; y no se traduce en mayor inversión entonces el efecto será negativo porque estarán más endeudados y no lograrán mayores tasas de crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB), aunque esto en este momento es mera especulación y nadie sabe con certidumbre que harán las empresas estadounidenses con sus ahorros.
Algunos de ustedes lectores, pudieran preguntarse qué tiene esto que ver con la economía de México; pero la realidad es que este plan fiscal tiene importantes implicaciones para nuestro país, ya que como nación podemos perder competitividad en materia de atracción de inversiones. Es verdad que tenemos un peso depreciado y que nuestros salarios son en promedio una décima parte de lo que son en Estados Unidos, pero para muchas empresas pudiera ser más atractivo instalarse o mover sus operaciones a Estados Unidos que cobrará un ISR de 20% en comparación con México que cobra un 30%. En este sentido, el senador republicano, John Barrasso, predijo que “el dinero vendrá corriendo a los Estados Unidos debido a la disminución del impuesto a las corporaciones”.
Para ilustrar como es que México (y el resto del mundo) pierden competitividad frente a Estados Unidos con su disminución del ISR corporativo, tenemos que si el impuesto baja a 20% en nuestro vecino del norte, una empresa ubicada en México seguirá 30%, pero ésta sólo podría acreditar en aquel país la tasa de 20%, por lo que se genera un mayor incentivo para mudar la compañía a territorio estadunidense.
Otra forma como la reforma fiscal de Trump le afectará a la economía mexicana es que con el estímulo fiscal que se está dando y el mayor déficit fiscal que tendrán nuestros vecinos del norte, habrá mayor crecimiento económico, y eventualmente mayor inflación, y con ello, subirán más rápido las tasas de interés en Estados Unidos, lo que seguramente obligará al Banco de México a hacer lo propio y también aumentar su tasa de interés objetivo, ya de por si elevada ubicándose actualmente en 7.0%. Esto podría frenar aún más el ritmo de crecimiento de la inversión productiva interna en nuestro país, y desacelerar las ventas de casas y automóviles.
Es importante mencionar que no todo lo que está contenido en el plan fiscal aprobado por el Senado de Estados Unidos es malo para México, ya que podríamos vernos beneficiados indirectamente por un mayor crecimiento de nuestras exportaciones hacía aquella nación en la medida en que su tasa de crecimiento aumenta. Esto sin duda podría ser un impulso importante para nuestra economía, tomando en consideración que las exportaciones representan más del 30% de nuestro PIB y cerca del 80% de éstas tienen como destino Estados Unidos.
En México ya se habla de la necesidad de una nueva reforma fiscal que evite perder competitividad frente a nuestro principal socio comercial, sin embargo, se ve poco probable que se puedan dar fuertes recortes de impuestos dada la precaria situación fiscal que tiene nuestro país, lo que hace sumamente riesgoso aumentar nuestra abultada deuda pública. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (la medida más amplia de la deuda del sector público en México), se ubicó al cierre de octubre de este año en 9.617 billones de pesos, de los cuales 6.043 billones son deuda interna y 186.6 mil millones de dólares son deuda externa.
En este sentido, lo que se ha manejado como propuestas por parte de algunos sectores de la iniciativa privada es reducir el ISR empresarial a una tasa de entre el 20 y el 25%, pero que ésta venga acompañada de un aumento del IVA al 18%, y eliminar los bienes que actualmente están exentos y con tasa cero en este gravamen (alimentos, medicinas, transporte público, entre otros).
Desde luego que el alza en el IVA planteado es una fuente de enorme polémica, ya que implica sacrificar a los que menos ingresos tienen a costa de beneficiar a los empresarios, lo cual no es bien visto por la población en general, y mucho menos en un año electoral. Claro está también que elevar el IVA al 18% y eliminar exenciones también tendría una repercusión en la inflación y hará más tardado el que bajen tasas de interés y podamos regresar a la meta de una inflación del 3% anual.
Finalmente, es pertinente señalar el impacto que la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos tendrá en las renegociaciones del TLCAN. Mucho se ha dicho de la necesidad que tiene el presidente Trump de obtener una victoria legislativa y así poder cumplir con alguna de sus promesas de campaña; y en este sentido se ha comentado que si no lograba bajarle los impuestos a las corporaciones, lo más “sencillo” para él y en aras de llegar a las elecciones intermedias de noviembre de 2018 con algo para sus electores, sería denunciar el TLCAN y anunciar su retiro de dicho acuerdo comercial.
Sin embargo, con la aprobación de la reforma fiscal, el partido Republicano y Donald Trump ya tienen algo para decirle a sus electores que han cumplido, y le resta presión a una eventual salida de Estados Unidos del TLCAN. En otras palabras, los republicanos podrán llegar a las campañas del año que entra diciendo: “logramos una reforma fiscal y estamos renegociando el TLCAN buscando los mejores intereses para los trabajadores estadounidenses”.
A manera de conclusión podemos señalar que México está en aprietos porque algo tendrá que hacer en materia fiscal para evitar la pérdida de competitividad que tendremos frente a Estados Unidos, y ninguna decisión será fácil. Un alza generalizada en el IVA a escasos meses de las elecciones y siendo que el candidato del PRI está en el tercer lugar en las encuestas significará cancelar cualquier posibilidad de triunfo electoral para José Antonio Meade y sería regalarle la presidencia de la república a Andrés Manuel López Obrador.
Con este escenario en mente, parece lo más factible que el gobierno federal tratará de capotear el temporal el año que viene hasta pasadas las elecciones. Veremos que sucede.
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