Si bien el huachicol por tierra ocurre en gran escala, poco se habla del otro huachicol de alto nivel: un saqueo multimillonario y de escala industrial que se lleva a cabo por mar, con la complicidad de funcionarios, mandos militares y operadores privados coludidos con bandas criminales.
Este robo sistemático representa un desfalco a Petróleos Mexicanos de proporciones colosales y amenaza la soberanía energética del país.
Según El Economista, las pérdidas a Pemex fueron por 20 mil 428 millones de pesos en 2024. Además, el huachicoleo fiscal, que implica la evasión de impuestos sobre el combustible robado, ha provocado pérdidas al gobierno mexicano de 177 mil 170 millones de pesos en 2024.
La sustracción ilegal de combustibles por vía marítima se ha convertido en un método sofisticado y difícil de rastrear. A diferencia del robo por tierra, que suele dejar rastros visibles (tomas clandestinas, fugas, incendios).
El huachicol marítimo se ampara en las lagunas de supervisión, la opacidad administrativa y el uso de tecnología para disfrazar las operaciones ilegales como legítimas.
Este modus operandi implica el desvío de buques-tanque que cargan combustible en instalaciones de Pemex o en plataformas marinas y que, en lugar de entregar el producto en su destino oficial, lo venden en altamar a terceros, incluso de otros países.
Según expertos que he consultado, en otros casos, las embarcaciones reciben más producto del reportado oficialmente o registran pérdidas ficticias para justificar el faltante. También existen registros de cargamentos dobles y facturación falsa.
La pregunta es, como lo dice a cada rato López Dóriga, ¿quiénes están detrás? Pues detrás de este robo no sólo están redes delictivas tradicionales, sino también operadores de cuello blanco, funcionarios corruptos, empresarios con conexiones internacionales y, en algunos casos, mandos navales.
El caso de la empresa Marinsa, por ejemplo, investigada por operaciones irregulares en el Golfo de México, ha sido uno de los pocos que ha salido a la luz pública.
Sin embargo, muchas de estas redes operan con impunidad debido a que se disfrazan de servicios logísticos o transporte legal y cuentan con contratos con Pemex Exploración y Producción.
El robo por mar requiere conocimientos técnicos, acceso a información confidencial y, sobre todo, protección institucional. Por fortuna, el presente gobierno federal ha iniciado a tomar cartas en el asunto.
Recordemos el reciente caso del buque con 10 millones de litros de dísel que fue decomisado en Tampico, Tamaulipas. buque arribó al puerto de Tampico el pasado 19 de marzo, presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes, por lo que fue interceptado y asegurado.
El actual Gobierno Federal está tomando acciones que en el anterior sexenio no se estaban ya realizando, sobre todo porque se decía que ya se había terminado el problema, solo con combatir la corrupción.
Las acciones que se tienen que tomar también son en el interior de la paraestatal, para eliminar toda complicidad del personal, en todos los niveles, que van desde operativos hasta los directivos.
Otra medida que no tiene que ver con lo que hagan las autoridades es desde la parte de la ciudadanía, en ningún sentido debemos consumir combustibles que pudiéramos saber que son de procedencia ilegal o dudosa.
En suma, el huachicol se tiene que combatir en todos los ámbitos y en especial en contra los grupos de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. El sector energético es vital para la movilidad en el país, para el comercio con otros países, y bajo esas premisas, para la seguridad nacional…
