No solo en Guanajuato, sino incluso en la Federación, las autoridades maquillan, embalsaman y entierran las cifras de homicidios dolosos. Por ejemplo, en la Entidad, INEGI reportó mil muertos más que la Fiscalía General del Estado.
Como buenos sepultureros, nuestras autoridades conocen a la perfección las artes de maquillar, momificar y enterrar los números de los asesinatos intencionales. Los expertos del antiguo Egipto les quedan cortos, pero esto es una aberración del oficialismo.
El riesgo para todos los mexicanos es que en algún momento el Instituto Nacional de Estadística y Geografía pudiera ser sometido y manipulado por un gobierno autoritario, en ese entonces sí tendríamos que decir: Y ahora… ¿quién podrá informarnos?
Esta hipótesis no es descabellada porque ya ocurrió que hace no más de un año nuestro INEGI filtró datos “preliminares” sobre crecimiento económico e inflación en el país, bajo la suspicacia de que lo hicieron para quedar bien con el presidente López Obrador.
En esa ocasión, los datos optimistas no cuajaban con los del Banco de México y con las estimaciones de instancias internacionales.
No es de nadie desconocido que hay una intención gubernativa de menoscabar al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que es a donde acudimos para solicitar datos y temas que por alguna razón no dan a conocer las autoridades.
El otro subterfugio es que informaciones que deberían ser públicas, sean declaradas como “reserva” o de “seguridad nacional” y que dejan en la oscuridad más a las autoridades que a la sociedad civil.
¿Qué hacen las autoridades federales, estatales e incluso municipales para tratar de esconder una realidad como la incidencia de la inseguridad y la violencia? Fácil, ellos tienen los números y los manejan mañosamente.
Si yo tengo un dato presente, de inmediato busco compararlo con el de otro momento que sea más alto, para al fin decir que bajé o bajó la incidencia en tal porcentaje, mientras que la población ve y sufre la realidad.
Otra trampa es que a un delito se le califique de manera distinta a lo que debe ser por ley, es decir, si tengo homicidios dolosos, los califico como culposos, o un feminicidio, lo catalogo como homicidio simple.
Fue Causa en Común (instancia no oficialista) quien expuso a la Fiscalía General de Guanajuato con no 10, no 100 sino 1000 homicidios dolosos menos que los reportados por INEGI.
La instancia federal se nutre por las actas de defunción y los motivos de los decesos y de la opinión pública, en lo que se refiere a la percepción de inseguridad que hay en cada municipio o entidad.
Otras instancias creíbles son los Observatorios Ciudadanos de seguridad y otros temas de la vida pública como la accidentalidad, la movilidad y crecimiento económico.
Pero los observatorios, ante la cerrazón de autoridades de todos los órdenes, tienen que acudir a lo que se publica en medios de comunicación, o investigaciones, para elaborar sus comparativos y darlos a conocer a la sociedad.
Si es que a Guanajuato se le coloca en primer lugar de incidencia de homicidios dolosos (que incluye feminicidios), con más de tres mil casos en un año (2022), ¿entonces qué lugar nos corresponde si es que se tienen que sumar mil hechos más?
También es dable preguntarse si los demás estados maquillan sus cifras, lo cual es más que posible, pero, ¿con mil casos menos?, es posible que tengamos el primer lugar, la presea, de la Mayor Mentira.
Hablamos de homicidios dolosos y ¿no nos podrán engañar con los demás delitos de alto impacto como violaciones, secuestros, robos con violencia o sin violencia y extorsiones, etc.?
Solo nos podemos encomendar a los medios de comunicación, a los Observatorios Ciudadanos y a San INEGI, pero el día que lo secuestren, ¿qué vamos a hacer como sociedad civil?
