Así reza el proverbio mexicano que puede ser aplicado en este nuevo escándalo de corrupción de los gobiernos panistas; hecho público por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Una vez dada a conocer que fueron 171 empresas fantasmas las que habrían sido usadas para el pago por bienes y/o servicios por hasta 193 millones de pesos, por parte del gobierno estatal, municipios y entes para-municipales; vemos los medios de comunicación con declaraciones de políticos, de todos los colores, incluyendo a la diputado panista Alejandra Gutiérrez, exigiendo y prometiendo justicia “hasta las últimas consecuencias”, “tope donde tope”, “debe investigarse” y “caiga quien caiga”.
Solamente el gobierno del estado, recibió de estas empresas falsas, facturas por 143 millones, más 4.3 millones del Instituto de Salud Pública del Estado. El municipio de León, 335 mil pesos y SAPAL, nuevamente para no perder la costumbre, 4.7 millones de pesos.
El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 69-B establece que, cuando el SAT detecte que un contribuyente ha estado emitiendo facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, para prestar los servicios que constan en los comprobantes, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas registradas.
Sí, aunado a esto, le sumamos que el domicilio fiscal no corresponde a la empresa, estamos ante el escenario de una empresa fantasma y el uso de facturas falsas. Hoy en día, penado con cancel tanto para quien las compre, como quien venda.
Las operaciones denunciadas, por el Comité Anticorrupción, son equiparables con las operaciones por las que acusó la fiscalía del gobierno del estado en 2016, apresado y condenado, el extesorero municipal Roberto Pesquera. ¿Actuarán, acusarán y apresarán de igual manera a los involucrados panistas? O ¿Medirán y excusarán con “maromas técnicas” que son cosas diferentes?
Sí, argumentan que no es responsabilidad del receptor de la factura, verificar la existencia y cumplimiento de lo establecido en la ley ¿Entonces por qué sí lo fue para el caso de Roberto Pesquera?
Otro punto que no menciona la denuncia del Comité anticorrupción, es sí existió o no la materialidad, es decir, se realizó verdaderamente la operación o fue un acto fraudulento. Esto, sería otra historia y otro delito.
¿Qué hará el Presidente Héctor López Santillana con las tantas corrupciones ya exhibidas en SAPAL y al interior de su administración? ¿Seguirá “nadando de muertito”?
La fecha en que se comenten estas operaciones, son entre el 2017 y 2018. Pero es verdad que el grueso de éstas, fue en 2018. Bien lo dice la cita de Franklin D. Roosevelt “En política, nada ocurre por casualidad. Cada vez que un acontecimiento surge, se puede estar seguro que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera.” Entonces y al ser año electoral ¿Se usó el desvío de este dinero para gasto partidista en las elecciones? ¿Se le dará vista al Instituto Electoral del Estado para que abra una investigación?
Ya veremos cómo no tardan en aparecer los defensores pro-panistas, buscadores de puestos electorales, de lo que ya bautizaron como la “estafa maestra al estilo Guanajuato”. Pretenderán defender lo indefendible, dirán que no es lo mismo que hicieron los otros, y seguirán pidiendo justicia y castigo por malos gobernantes, democracia en las elecciones internas, mayor participación ciudadana, en consejos a modo, y respeto a los derechos humanos, pero solo “en los bueyes de mi compadre”.
