Pese a los anuncios oficiales sobre reducciones en delitos de alto impacto, Guanajuato continúa encabezando la lista nacional de homicidios dolosos. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que entre enero y septiembre de 2025 el estado registró más de dos mil ochenta víctimas de asesinato, mientras que Michoacán contabilizó poco más de mil y Sinaloa se mantuvo con cifras inferiores. La diferencia es significativa y deja claro que, aunque haya disminuido el ritmo de los homicidios, la magnitud de la violencia en Guanajuato sigue siendo la más alta del país.
Michoacán está en el ojo del Huracán actual por el asesinato del alcalde Carlos Manzo y de los líderes limoneros; en tanto Sinaloa lo está por la guerra de los “Chapos” contra los “Mayos”, perspectiva mediática y de percepción que no aluden a Guanajuato y su terrible realidad.
El propio Gobierno estatal ha subrayado una baja cercana al 48 % en los homicidios dolosos durante el último año, lo cual en términos porcentuales suena alentador. Sin embargo, cuando se revisan los números totales, la realidad es menos favorable: esa reducción sigue partiendo de una base extremadamente alta.
No es lo mismo bajar de cuatro mil a dos mil asesinatos que de doscientos a cien. En términos absolutos, Guanajuato continúa siendo la entidad más violenta y la distancia con otros estados demuestra que el problema está lejos de resolverse.
La violencia homicida se concentra en municipios que arrastran una disputa persistente entre grupos criminales, pero también en zonas industriales y corredores logísticos donde se mueven grandes flujos económicos. Esa mezcla de crimen organizado y economía formal crea un escenario de riesgo que las estrategias tradicionales de seguridad no han logrado revertir. Las fuerzas estatales y federales han multiplicado operativos y detenciones, pero la espiral de asesinatos demuestra que el enfoque policial es insuficiente sin una política de reconstrucción social más profunda.
Al mismo tiempo, la extorsión se ha disparado y afecta a prácticamente todos los sectores productivos. La dependencia homóloga en materia de seguridad de Guanajuato reconoce que el delito de extorsión se ha multiplicado de manera alarmante en los últimos años.
Comercios, pequeñas empresas, transportistas y hasta agricultores enfrentan amenazas que encarecen la operación y generan miedo. Este fenómeno, que antes se concentraba en algunos municipios, ahora se ha extendido por todo el territorio.
El crecimiento de la extorsión no solo refleja el control territorial de las bandas criminales, sino también la ausencia de confianza en las instituciones para denunciar y resolver.
A ello se suma el alto número de policías asesinados, un indicador doloroso que retrata el nivel de vulnerabilidad de las propias corporaciones. Ningún estado debería encabezar la lista de agentes caídos en cumplimiento de su deber, pero Guanajuato lo hace desde hace varios años.
Las cifras oficiales y los reportes de organizaciones civiles coinciden en que la entidad acumula más muertes de policías que cualquier otra del país. La violencia también ha alcanzado a funcionarios municipales y miembros de ayuntamientos, lo que revela una descomposición institucional que exige una respuesta integral.
Por todo ello, la narrativa triunfalista del Gobierno estatal resulta preocupante. No se puede cantar victoria mientras los números totales sigan ubicando a Guanajuato en el primer lugar nacional de homicidios dolosos.
La sociedad guanajuatense necesita un plan de paz y seguridad más ambicioso, que no se limite a estadísticas parciales ni a comparativos de corto plazo. Se requiere una estrategia de largo alcance, coordinada con el Gobierno Federal, que combine inteligencia, depuración policial, desarrollo social y prevención comunitaria.
Reducir la violencia en Guanajuato no será posible con discursos de satisfacción ni con cifras acomodadas al optimismo. El reto exige reconocer que la crisis de seguridad no es un episodio pasajero, sino una herida profunda que ha cobrado miles de vidas. Mientras el Estado celebre avances sin enfrentar de fondo las causas estructurales del crimen, el primer lugar en homicidios dolosos seguirá siendo una marca vergonzosa.
Uruapan 400 mil habitantes, León casi 2 dos millones, los rebasamos en todos los índices y mediciones negativos, la violencia y los grupos delictivos han rebasado la atencion a las causas y a todas las estrategias, la pregunta entonces es cuántos ,”Carlos Manzo” necesitamos para que los guanajuatenses despertemos y reaccionemos y sobre todo que las autoridades generen yá resultados positivos. Guanajuato debe dejar de ser ejemplo de tragedia y convertirse, por fin, en ejemplo de reconstrucción…
