De enero de 2009 a julio del 2020 se han identificado 109 fosas clandestinas, de las cuales han sido exhumados 268 cuerpos de personas, en 29 de los 46 municipios del estado de Guanajuato. Esto es inaudito, ignominioso y deplorable.
Esto no lo dice la Fiscalía General del Estado, esto no lo dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, esto no lo dice la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, esto no lo dice el Gobernador, esto lo señalan la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. para México y Centroamérica, y los campi de la Universidad Iberoamericana, de León y Ciudad de México.
Los datos los revelaron en una conferencia de prensa las senadoras por Guanajuato, Malú Mícher y Antares Vázquez, en la Ciudad de México; lo que no han hecho senadores de otros partidos políticos que dicen representarnos a los guanajuatenses.
Si no hubiera sido por la presión que se ha ejercido por parte de la sociedad civil, constituida en colectivos y asociaciones de búsqueda de desaparecidos, el Gobierno del Estado seguiría negando que existen personas desaparecidas o no localizadas, y seguiría negando la existencia de inhumaciones clandestinas.
Precisamente por esa presión de familiares de víctimas es que hoy se ha aceptado que hay 2 mil 430 personas desaparecidas en Guanajuato, con carpetas de investigación. Los hallazgos de las fosas clandestinas le han callado la boca al Estado y a sus instituciones de seguridad pública y ahora aceptan lo que es más que evidente.
Guanajuato es nuevo en materia jurídica y de instituciones de búsqueda, porque por años se quedó al margen de los avances que se tenían en otras entidades federativas. Hoy ya existe un Registro y una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas que tiene trabajo rezagado.
Los colectivos han estado trabajando en encontrar a sus familiares materialmente con sus propias manos y uñas, porque no se tienen los implementos necesarios. Sin embargo, los recientes hallazgos se han dado gracias a la colaboración de la doctora Karla Quintana y todo su equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Nos hemos quedado fríos con los hallazgos más recientes realizados en Irapuato, en Cortazar y en Salvatierra, donde han sido localizados restos de 76 personas. Y donde se estima que puedan ubicarse otros 20 o 45 cuerpos más.
Solo quienes tienen familiares desaparecidos o no localizados, saben lo que realmente se siente. La incertidumbre, la angustia, el dolor, el anhelo de poder encontrar con vida a sus seres queridos o, por lo menos, hallar sus restos para darles digna sepultura y poder llorarles.
Las inhumaciones clandestinas son solo una consecuencia ignominiosa de otros problemas como son los secuestros y las privaciones ilegales de la libertad, entre estas los denominados levantones, además de los homicidios dolosos, las extorsiones y los cobros de piso por parte de grupos criminales.
No es un invento, no es una suspicacia, no es una elucubración, sino una estadística fría que Guanajuato ocupe los primeros lugares de homicidios dolosos en la República Mexicana.
La historia que se cuenta tiene su origen desde hace más de una década, precisamente en que han ocupado sus cargos el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca y el ahora fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.
Datos conocidos por todos, y que señalaron en su conferencia de prensa las senadoras mencionadas, desde el 2010 se registra una escalada de violencia sin precedente; de acuerdo con los datos del INEGI, la entidad pasó de 446 homicidios en el año 2010 a 802 en el año 2014, es decir, hubo un incremento de 80% en el número de casos anuales solo en cinco años.
A partir del 2015 y hasta el 2019, la entidad se convirtió literalmente en un infierno: 969
homicidios intencionales en 2015; 1,231 en el 2016; y 2,241 en el 2017. El incremento de la cifra de 2017, respecto de la de 2015, es de 131.2% en solo tres años.
Para 2018 el conteo del INEGI es de 3,412 homicidios intencionales, y para 2019 de 3,855 casos; 297% más homicidios respecto de la cifra registrada en el año 2015.
El Estado presume que se han disminuido algunos de los delitos patrimoniales de alto impacto, como el robo a domicilio, el robo de vehículos, el robo a transeúntes, pero las extorsiones se han incrementado, así como los homicidios dolosos relacionados con este delito.
El tema de la inseguridad y la violencia, de las inhumaciones ilegales debe ser un asunto no solo de los familiares de las víctimas, sino de la sociedad guanajuatense en su conjunto. Se presume de un eslogan para el posicionamiento de nuestro estado de que Guanajuato es la Grandeza de México, pero hoy vemos con horror que Guanajuato es la gran fosa de México.
