Tras el cansancio de ser extorsionados y de que el Estado y sus instituciones de seguridad pública negaran los casos, comerciantes de Celaya realizaron una manifestación para exigir un alto a ese delito, pero sus negocios fueron atacados e incendiados, con saldo fue de cuatro personas muertas.
Los actos bárbaros y brutales se entendieron como una clara venganza y respuesta de los extorsionadores ante las manifestaciones ciudadanas. Antes, negocios Irapuato y Salamanca habían cerrado por el aumento en las extorsiones.
A pesar de que la Fiscalía del Estado detuvo a una presunta banda de extorsionadores en esas ciudades del sur de la entidad, la comisión de este delito no ha disminuido y más bien se ha extendido a ciudades del Corredor Industrial como Silao, León y San Francisco de Rincón.
El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico nos define la extorsión como el delito consistente en obligar a otro, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio propio o de tercero.
El Código Penal Federal en México, en su Artículo 390 señala respecto la punibilidad: Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.
Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o exmiembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Ello significa que no se trataba de un delito grave porque la
Información difundida en diversos medios, por ejemplo, en El Economista, de enero de 2019 a febrero de 2020, alrededor de 111 mil mexicanos denunciaron algún tipo de extorsión, convirtiéndose en el segundo delito del fuero local más recurrente en el país.
En el Congreso local se han alzado voces de legisladores para proponer reformas respecto de este delito y sus modalidades, porque ahora vemos que no son solo extorsiones telefónicas que vienen de personas de otros estados e incluso de centros penitenciarios, sino que se dan de manera presencial bajo amenazas cumplidas.
En días pasados, en el Congreso de la Unión la diputada federal de Celaya, Saraí Núñez, propuso el incremento de penas para este delito y sus expresiones diversas, aunque a inicios de año el diputado Martí Batres hizo lo propio para que este delito fuera catalogado como grave.
De manera consensuada, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó considerar la extorsión como un delito de la delincuencia organizada en México y ya se incluyó en el catálogo de crímenes que ameritan prisión preventiva de oficio.
No obstante, es responsabilidad de los estados y sus dependencias de seguridad pública, trabajar en la prevención y en la persecución del delito. En Guanajuato se ha visto una escalada en este crimen ante la inoperancia de la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Esa incapacidad, aunada al tema de la impunidad, provocan que los ciudadanos no denuncien ante las amenazas cumplidas de los grupos criminales que han proliferado.
Creo que es el momento de que la propia sociedad civil, motu proprio, realice foros, virtuales o presenciales con las medidas de sanidad, para proponer acciones concretas y exigir a las autoridades que no se queden pasmados y que den resultados en este tema y en otros como homicidios dolosos, delitos patrimoniales y el incremento en la compraventa de drogas.
