Entre aplausos, los legisladores priistas han preparado el terreno para un incendio más en la vida del país con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
El viernes 15 de diciembre, seis meses antes de que comience la elección presidencial de 2018, con 71 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, los legisladores avalaron la controvertida ley que han rechazado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, además de decenas de organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil. Unas horas después, y en menos de 60 minutos, los diputados ratificaron el dictamen que recibieron de la cámara alta.
La versión oficial es que esta legislación regulará la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, entidades federativas y municipios con las Fuerzas Armadas.
Entonces, ¿por qué hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lamentó esta decisión? Porque la Ley permite al Ejército, Marina y Fuerza Aérea acumular más poder en sus actividades y pone en riesgo los derechos de la población.
Estas leyes eran muy comunes en América del Sur en las dictaduras militares contra opositores políticos, como la de Chile y Argentina, recuerda Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El ejemplo más reciente es Francia, donde se aprobó una ley contra el terrorismo que permite la presencia de las fuerzas armadas en las calles en situaciones de extrema urgencia.
Pero existe una ventaja que puede beneficiar al partido gobernante actual con esta ley. Por ejemplo, con esta la legislación, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, puede decidir en qué lugares se declara afectación a la Seguridad Interior para que se cuiden municipios y los electores puedan salir o no a votar y “cambiar el resultado de las elecciones”, explica la investigadora y catedrática del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Catalina Pérez Correa.
La profesora ejemplifica con Tamaulipas, uno de los estados más inseguros del país, donde la población tiene miedo de salir a la calle. El efecto de la Ley sería que, si hay municipios con voto priista, pondrían a los soldados a cuidarlos, pero no aquellos donde haya electores perredistas: “Se les da facultades a la Fuerzas Armadas en un régimen de opacidad, de falta de controles, sin rendición de cuentas, alejados de la ciudadanía”.
No obstante, Benítez Manaut descarta la posibilidad del uso electorero de la ley en 2018 porque “sería echarle fuego a la pradera”, además, recuerda que esta situación ya ha ocurrido desde hace muchos años en el cuidado de paquetes electorales.
Las regiones donde se aplicaría de forma inmediata esta Ley serían Tamaulipas, Guerrero y Ecatepec.
Los números detrás de la inseguridad
No se puede negar que se trata de un problema gigantesco en nuestro país. El 2017 cerrará como el peor año en materia de seguridad en la historia reciente, alertó Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, el pasado 24 de octubre de 2017. El experto de la organización no gubernamental estimó que este año terminará con más de 24,000 homicidios, el peor dato en 20 años.
El número de homicidios en 2016 ascendió a 24,559 personas, mientras que hace 20 años la cifra registró 13,552, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El gobierno ha enfrentado algunos episodios de inseguridad y violencia que pusieron de cabeza su administración, principalmente, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
La inseguridad en nuestro país costó 5,647 pesos anuales a cada mexicano durante 2016, un total de 229,100 millones de pesos (mdp), equivalentes a 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Caminos contra la inseguridad
Para la catedrática del CIDE, la evidencia actual muestra que la estrategia del Ejército en la calle no funciona.
La seguridad, en su opinión, se construye por vías como la participación ciudadana, el aumento en el número de espacios públicos, menos desigualdad, más educación y trabajo.
“Lo que no queremos es una ley vigente por mucho tiempo y que no va a fomentar que las policías asuman la labor que les corresponde. Entre más militares haya, menos razones hay para que y presidentes municipales inviertan en sus policías. Desincentiva la formación de instituciones civiles eficaces”.
“Los Gobernadores tiene que fortalecer su policía, hay mucha simulación en la profesionalización de la policía estatal y municipal”, coincide Benítez Manaut.
El investigador de la UNAM considera que esta Ley se puede revertir, no en la siguiente administración, sino en la próxima legislatura, pero dependerá de la correlación de fuerzas políticas.
“No tienen certificados de confianza, no están bien entrenados, no saben usar las armas, hay impunidad, no tienen buenos niveles educativos ni salariales”, agregó
