La confusión más extendida en la política contemporánea es asumir que lo que ocurre en redes sociales es la realidad política. No lo es. Las redes influyen, presionan, aceleran y amplifican, pero no gobiernan. La gobernanza real —la que sostiene o quiebra a un gobierno— ocurre fuera de la pantalla: en instituciones que funcionan (o no), en servicios públicos que llegan (o fallan), en decisiones presupuestales, en coordinación entre niveles de gobierno y, sobre todo, en resultados tangibles para la vida cotidiana de las personas. Confundir conversación digital con poder efectivo es uno de los errores estratégicos más costosos de la política actual.
Las redes sociales son, ante todo, infraestructuras de atención. Su lógica no es democrática ni representativa, sino algorítmica y comercial. Premian el conflicto, la polarización y la emoción negativa porque eso retiene más tiempo al usuario y, por tanto, genera más ingresos. En ese entorno, la visibilidad no equivale a legitimidad, y el volumen no equivale a mayoría social. Sin embargo, muchos actores políticos —gobiernos y oposiciones por igual— actúan como si un “trending topic” fuera un mandato ciudadano o como si una tormenta digital equivaliera automáticamente a una crisis de gobernabilidad.
Desde el análisis de datos y la minería de conversaciones digitales, el problema es evidente: las redes no representan al conjunto de la sociedad. Son poblaciones autoseleccionadas, con sobrerrepresentación de ciertos grupos etarios, urbanos y politizados. Aun así, producen un poderoso efecto de falsa unanimidad. Un tema puede dominar la conversación digital sin tener correlato en las prioridades reales de la mayoría, pero la presión simbólica que genera obliga a gobiernos a reaccionar. Así, la política comienza a responder más al pulso de la pantalla que al diagnóstico del territorio.
Esto tiene consecuencias claras en la gobernanza. La primera es la reactividad permanente. Gobiernos que viven pendientes de la tendencia del día tienden a gobernar a golpe de comunicado, conferencia o video, sin tiempo para políticas públicas de mediano plazo. La segunda es la sustitución del resultado por el gesto: importa más que la acción “se vea” que que resuelva el problema. La tercera es la erosión de la toma de decisiones basada en evidencia, reemplazada por la lógica del daño reputacional inmediato.
Pero negar la influencia de las redes sería igualmente ingenuo. Las plataformas digitales sí impactan la gobernanza en al menos tres dimensiones clave. Primero, en la agenda pública: lo que se discute en redes condiciona lo que los medios cubren y, en consecuencia, lo que los gobiernos deben atender. Segundo, en la gestión de crisis: las redes reducen drásticamente el margen de tiempo para responder y amplifican errores, omisiones o contradicciones. Tercero, en la percepción de legitimidad: aunque no determinen la eficacia de una política, sí influyen en cómo se interpreta y evalúa socialmente.
El problema surge cuando se confunde influencia con control. Muchos políticos creen que dominan las redes porque tienen pauta, equipos digitales o ejércitos de cuentas afines. En realidad, lo único que compran es alcance temporal. La credibilidad no se pauta. Cuando el desempeño en el mundo real es deficiente —en seguridad, servicios, economía o justicia— ninguna estrategia digital logra sostener la narrativa. Las redes no crean problemas estructurales, pero los exhiben con crudeza cuando existen.
La gobernanza real, en contraste, opera con lógicas mucho menos visibles y mucho más lentas. Se construye con instituciones que coordinan, con presupuestos que se ejecutan, con reglas que se cumplen y con políticas que producen resultados medibles. Es un mundo de inercias largas, donde los cambios requieren tiempo, acuerdos y capacidades técnicas. Las redes, con su ciclo corto de atención, chocan frontalmente con esta temporalidad. De ahí la tentación constante de sacrificar lo estructural en favor de lo inmediato.
La clave estratégica no está en ignorar las redes ni en someterse a ellas, sino en reordenar su lugar dentro de la acción gubernamental. Las redes deben ser entendidas como un termómetro, no como el motor; como un sistema de alerta temprana, no como el tablero de mando. Un gobierno serio distingue entre lo que hace ruido y lo que duele, entre la conversación digital y el impacto territorial.
Esto exige, al menos, tres cambios de enfoque. Primero, separar la gestión de la conversación de la gestión de la política pública: no todo problema que explota en redes requiere una decisión estructural inmediata. Segundo, profesionalizar la lectura de datos digitales: volumen no es apoyo, sentimiento no es intención de voto, viralidad no es consenso. Tercero, comunicar la gobernanza real con evidencia clara: qué se hizo, dónde, con qué recursos y en qué plazo se evaluará. La ausencia de comunicación sobre lo que sí funciona deja un vacío que la polarización llena sin dificultad.
En un contexto de creciente desconfianza institucional, las redes pueden erosionar o reforzar la gobernabilidad, pero no la sustituyen. Creer lo contrario es gobernar para el aplauso momentáneo y no para la estabilidad social. Al final, ningún algoritmo arregla una calle, reduce un delito o garantiza un derecho. La política que se queda en la pantalla puede ganar likes; la que se ancla en el territorio es la única que, con el tiempo, construye legitimidad real.
