Hacia el año de 1991, apenas a casi uno de haber iniciado mi práctica plena como abogado litigante penalista, después de haber renunciado a mi trayectoria en el Poder Judicial Federal y en otras áreas de Procuración de Justicia, recibí la oportunidad para estudiar y que me asignaran un asunto de carácter penal por parte de la entonces institución bancaria llamada Bancomer S.A., por conducto del Sr. Don Juan Antonio Hernández, responsable de Crédito y Cobranza de la Oficina Regional con sede aquí en León, Gto., quien a su vez me canalizó con el Lic. Baudelio Navarro, encargado de esa área en la ciudad de Aguascalientes.
Hago esta referencia y decidí abordar el tema de hoy para que sirva de constancia sobre cómo van evolucionando las prácticas jurídicas, para que los jóvenes abogados de hoy conozcan el origen y cómo se han venido transformando los servicios jurídicos para las instituciones bancarias y financieras. Recordemos que anteriormente a la fecha que señalo, las instituciones bancarias contaban con la contratación de abogados de despachos externos, exclusivamente para asuntos de carácter civil y mercantil, para cobranza en general y cumplimiento de obligaciones crediticias. Cuando se ofrecía algún otro asunto, en este caso, en materia penal se lo asignaban al despacho de cobranza que fuera más eficiente, pero desafortunadamente notaban que dichos asuntos en el mejor de los casos llegaban a cierto éxito, pero con mucho tiempo de tramitación y en las más de las veces hasta se perdían debido a la falta de especialización en materia penal de los abogados de cobranza mercantil.
De esta manera cuando se presentaba un asunto cuantioso cuyo manejo fuera propio de un abogado penalista me llamaron puesto que así fue como lo promovía al aperturar mi pequeño despacho en el Edificio Montes de Oca (ya desaparecido frente a Catedral).
Con esas prendas inicié labores en esa Institución Bancaria, aunque ya había atendido, como lo he relatado en otras entregas, un asunto de apelación a un Auto de Libertad que se me encomendó por parte del entonces Multibanco Comermex por un abuso de confianza cometido por dos funcionarios el cual fue exitoso. Pero ahora el reto era mucho mayor, pues se confiaba en mi trayectoria plasmada en el curriculum que previamente había entregado.
Con la tramitación de ese primer asunto por un delito contenido en la Ley de Instituciones de Crédito, sirvió de paso para que en la misma plaza de Aguascalientes me asignaran otro asunto concerniente a unas cartas de crédito falsificadas, con lo cual se adjudicaron compras en el extranjero; estamos hablando entre esos dos asuntos de aproximadamente cinco mil millones de los llamados “viejos pesos”, o sea de aquella época.
Hacia el año de 1992 se creó la Dirección Regional Jurídica con sede en esta plaza, abarcando los Estados de Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro, arribando como responsable de esa área el Lic. Mariano Delgado Fadul, designado desde el Centro Bancomer de Coyoacán por el entonces Director General Jurídico Everardo Leal Díaz (ver “Personajes Destacados” pág.73. Autor Paulino Lorea. Editorial Meridiano S.A. de C.V. 1ª Edición 2018).
El Lic. Mariano Delgado Fadul, se asentó en la ciudad con su familia y como parte de su labor de arranque fue conocer a los abogados contratados por el Banco, para entrevistarlos y saber qué asuntos estaban manejando, presentarse y saludarlos. Así fue como lo conocí al acudir a su llamado. Le informé y presenté antecedentes de los únicos dos asuntos que llevaba en Aguascalientes, platicamos y me preguntó algunos antecedentes de mi carrera, mi experiencia y como abogado egresado de la UNAM. Ahí mismo al terminar la plática me asignó dos asuntos más correspondientes a la plaza de Irapuato, precisamente sobre posible comisión de delitos contenidos en la Ley de Instituciones de Crédito, según le expresé al explicarme antecedentes de los casos. Y me recomendó mucho que obtuviera pronto las órdenes de aprehensión correspondientes a los dos asuntos de Aguascalientes.
Cuando atendí los asuntos de Irapuato con sendas denuncias en la Agencia del MP Federal dependiente de la PGR, en aquella localidad, su integración resultó muy rápida y eficiente, pues los hechos eran muy claros y estaban acreditados documentalmente, sobre todo por los créditos que se habían asignado los directivos regionales de la institución en aquél municipio y pese a su vencimiento con gran atraso no cubrían ninguno de ellos. Se consignó la primera averiguación previa al Juzgado de Distrito con sede en Guanajuato Capital pero desafortunadamente a los quince días nos notificaron la negativa de orden de aprehensión. En nuestro concepto el Juez Federal no había entendido el fondo del asunto.
Continuará…
