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Génesis de la División de Poderes en Guanajuato

La Génesis de la División de Poderes en Guanajuato es un tema que conjuga el pasado con el presente y proyecta diversas inquietudes y cuestionamientos, entre los que destaca la vigencia de su razón de ser, es decir, evitar “el abuso del poder”; así lo confirman, las participaciones de los integrantes del Club Rotario Bajío a quienes agradezco la invitación de orador en su sesión semanal, espacio que nos permitió intercambiar y compartir algunas ideas del pensamiento político y reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿Quién tiene poder tiende abusar? ¿La libertad política sólo existe cuando no se abusa del poder? ¿Actualmente tenemos división de poderes? ¿Qué diferencia hay entre la división de poderes y el equilibrio de poderes? ¿Es funcional el equilibrio de poderes con un gobierno unificado, es decir, cuando un solo partido político tiene el control de los poderes ejecutivo y legislativo? ¿Qué se requiere para evitar el abuso del poder? ¿Es necesaria una reingeniería constitucional? ¿Cómo fue la relación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en los estados antes de promulgar su primera constitución política? ¿La elección o designación de los poderes ejecutivos a cargo de los diputados que integraron las primeras legislaturas estatales constituyentes tienen rasgos de corte parlamentario? ¿Por qué se optó por un sistema presidencial y no parlamentario? ¿Hasta qué punto esta forma de elegir o designar a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial explica la predominancia del poder legislativo estatal?

Sin duda, en esta sesión semanal del Club Rotario Bajío hubo más preguntas que respuestas, que dan la pauta continuar la reflexión con mayor detenimiento y espacio, que nos permita deliberar sobre la génesis, evolución y desarrollo de la división de poderes en el estado de Guanajuato.

Integrantes del Club Rotario Bajío

Por lo pronto, se sostuvo la tesis de que el carácter político de todo Estado como concepto no puede explicarse sin su constitución, soporte del reconocimiento de los derechos humanos y su estructura, fiel legado del pensamiento político aristotélico, de los “contractualistas” y de los diputados franceses que, constituidos en Asamblea Nacional en 1789, establecieron en el artículo 16 de La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que “toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la separación de poderes, no tiene constitución”. Sin estos elementos políticos e históricos, no podrían comprenderse los movimientos revolucionarios, fundamentalmente la Independencia de México, la incorporación derechos humanos y tripartita del poder público en los textos constitucionales.

Estas dos precondiciones, constituyen la cimiente de las partes dogmática y orgánica del Estado moderno, que la mayoría de las naciones del mundo recogieron y plasmaron en sus textos constitucionales. El Estado mexicano, no fue ajeno a esta tendencia; así lo denota el devenir de la Constitución Federal de 1824 hasta la Constitución Política de 1917, pionera en reconocer los derechos sociales en el mundo como consecuencia de la Revolución Mexicana, caracterizada de múltiples maneras como una revolución social, popular, agraria y política; el reconocimiento de los derechos sociales −de segunda generación− en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, posteriormente, la transición de garantías individuales a derechos humanos con la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 10 de junio de 2011. Circunstancia paradigmática que amplía el catálogo de los derechos fundamentales con la internacionalización del derecho mexicano.

El problema del asunto no es que los derechos humanos estén reconocidos en la “constitución de papel” –como lo diría el jurista y político alemán Ferdinand Lassalle–, sino la cuestión estriba en como garantizarlos, ¿cuáles leyes secundarias y reglamentarias tendrían que armonizarse para garantizar las viabilidades jurídicas, económicas, presupuestarias y operativas?

Este es el reto a 116 años de la conmemoración de la llamada Revolución Mexicana, el próximo 20 de noviembre.

Enhorabuena.

Dr. Alfredo Sainez
Doctorado en Pedagogía por el Colegio de Estudios de Postgrado del Bajío (CEPOB); Maestría en Innovación y Gestión Pedagógica por el CEPOB; Maestría en Administración Pública por el INAP-México; Maestría en Derecho Parlamentario por la Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO); Especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la BUO; Máster en Los Retos del Constitucionalismo en el Siglo XXI en la Universidad de Barcelona; Asesor Experto en Conocimiento, Ciencia y Ciudadanía en la Sociedad de la Información por el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona; Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Catedrático de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato.