Hoy quiero hablar de un tema crucial para la salud y la economía de las familias mexicanas: los gastos catastróficos en salud.
Se trata de aquellos gastos médicos que, por su magnitud, superan la capacidad de pago de un hogar y obligan a las familias a vender sus bienes, endeudarse o, en el peor de los casos, abandonar o retrasar la atención médica que necesitan. De acuerdo con el modelo de la Organización Mundial de la Salud, estos gastos se consideran catastróficos cuando superan el 40% del ingreso disponible del hogar, una vez cubiertas las necesidades básicas como la alimentación.
Este fenómeno representa uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud, especialmente en países donde el gasto de bolsillo —es decir, el pago directo que realizan las personas por consultas, tratamientos o medicamentos— sigue siendo elevado.
En México, este gasto representa casi la mitad del total del financiamiento en salud, una proporción muy alta si la comparamos con otros países. Esto significa que muchas familias enfrentan decisiones difíciles: cuidar su salud o proteger su estabilidad económica.
Para evitar que la enfermedad se convierta en un factor de empobrecimiento, es fundamental fortalecer el sistema público de salud mediante acciones claras y sostenidas.
En primer lugar, es indispensable incrementar el gasto público en salud. México mantiene uno de los niveles de inversión pública más bajos entre los países de la OCDE. Aumentar este presupuesto permitiría financiar tratamientos de alta especialidad, cubrir medicamentos de alto costo y garantizar que en las instituciones públicas no falten los medicamentos que la población necesita.
En segundo lugar, debemos fortalecer la atención primaria. Un sistema sólido en el primer nivel de atención puede prevenir enfermedades crónicas o detectarlas de manera temprana, evitando que evolucionen hacia etapas más graves, complejas y costosas.
También es fundamental garantizar la cobertura universal, asegurando que todos los mexicanos —sin importar su condición laboral o socioeconómica— tengan acceso efectivo a servicios de salud de calidad, incluyendo cirugías, hospitalización y tratamientos de alto costo.
A la par de estas acciones, se debe promover la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, de manera que cada peso invertido en salud llegue realmente a donde más se necesita.
Existen diversas enfermedades y condiciones médicas que con frecuencia generan gastos catastróficos debido a los altos costos de su tratamiento. Entre ellas destacan diversos tipos de cáncer —como la leucemia o el cáncer de mama—, el VIH/SIDA, la insuficiencia renal crónica que requiere tratamientos como diálisis o trasplante, las enfermedades cardiovasculares complejas como los infartos o los eventos cerebrovasculares, así como algunas enfermedades raras o autoinmunes.
Desafortunadamente, no existe una cifra oficial que indique cuántas personas mueren directamente a causa de los gastos catastróficos en salud, ya que no se trata de una categoría que se registre en los sistemas de mortalidad. Sin embargo, sí existen datos preocupantes sobre el número de hogares que se empobrecen por esta causa.
Diversos análisis en México han estimado que cientos de miles de hogares caen en la pobreza cada año debido al gasto en salud. Por ejemplo, un estudio reciente estima que en 2024 alrededor de 287 mil hogares se empobrecieron directamente por tener que pagar atención médica.
A esto se suma otro problema preocupante: la carencia de acceso a servicios de salud ha aumentado en los últimos años. Los servicios médicos no han crecido al mismo ritmo que lo hacen la población y sus necesidades. Esto tiene consecuencias directas en la vida de las personas, pues muchas no pueden acceder a la atención oportuna que requieren, lo que puede derivar en complicaciones graves e incluso en la pérdida de vidas.
El problema es claro: los gastos catastróficos y el alto gasto de bolsillo no solo afectan la economía familiar; también ponen en riesgo la salud y la vida de millones de personas.
Frente a este panorama, se requiere una acción decidida, coordinada y responsable del Estado para fortalecer el sistema de salud y garantizar que ningún mexicano tenga que elegir entre cuidar su salud o proteger el patrimonio de su familia.
Porque en un país justo, la enfermedad nunca debería ser una causa de pobreza.
