Fomentar el diálogo respetuoso

El doctor Éctor Jaime Ramírez Barba es cirujano, especialista certificado en cirugía general y salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública, y es diputado reelecto del PAN en la LXV Legislatura. Columnista Platino

“El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz” –Benito Juárez-

Como observador parlamentario de México en la recién concluida sesión de primavera de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), el mensaje que deberíamos tomar en cuenta los mexicanos es fomentar el diálogo respetuoso y mostrar respeto mutuo al entablar conversaciones judiciales para defender los derechos humanos, como el derecho a elegir libremente a nuestros gobernantes.

La resolución de la PACE para promover un diálogo respetuoso fue presentada por George Katrougalos (Grecia, UEL) en su informe “European Convention on Human Rights and national constitutions”. Señaló que las naciones deben abstenerse de tomar cualquier medida que pueda exacerbar conflictos potenciales entre el orden constitucional nacional y el Tribunal de Estrasburgo.

Katrougalos propuso analizar la tensión que surge entre los tres sistemas legales paralelos en Europa: los sistemas legales nacionales, la Convención Europea de Derechos Humanos y la ley de la Unión Europea. Debido a la interconexión entre estos sistemas, mencionó que puede haber conflictos entre ellos. Por lo tanto, sugirió que las cortes supremas de cada uno de estos sistemas legales colaboren eficazmente para aliviar esta tensión y trabajar juntos en un espacio legal europeo común. La cooperación debe ser mutua y respetuosa entre las diferentes jurisdicciones y órdenes legales para construir un espacio legal común europeo de derechos y libertades.

Los sistemas legales nacionales cuentan con una norma suprema: la Constitución; la Convención Europea de Derechos Humanos, firmada en Roma y en vigor desde el 3 de septiembre de 1953; y el tribunal como árbitro de este sistema. También está la Ley  de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Explicó que, aunque existe interconexión entre estos tres sistemas, también hay posibilidad de conflictos, lo cual ha ocurrido históricamente.

Dijo que ha habido decisiones de tribunales constitucionales cuestionando la supremacía del derecho europeo, y recientemente, algunos tribunales han puesto en duda la interpretación de la Convención Europea de Derechos Humanos o su supremacía sobre las constituciones nacionales. Prevé que, tras la adhesión de la Unión Europea a la Convención Europea de Derechos Humanos, podría haber tensión incluso entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, se preguntó: ¿cómo podemos aliviar esta tensión?

Observó que, dado que el espacio europeo no es un estado federal, no es posible establecer una jerarquía legal entre estas normas de los tres sistemas legales paralelos e interconectados. Cada uno de ellos tiene su propia norma suprema. No hay una norma europea que pueda actuar como una regla o principio superior. Si este es el caso, ¿cómo podemos conciliar estos órdenes legales paralelos y superpuestos?

La respuesta es que se debe promover un diálogo efectivo y una cooperación sinérgica entre los tribunales supremos de cualquiera de estos tres sistemas legales paralelos. Existe una construcción teórica para esto, denominada constitucionalismo multinivel en Europa, en la cual cada uno de estos tres sistemas legales representa un nivel diferente de la construcción.

En la práctica, esto implica, en primer lugar, la deferencia de una jurisdicción a la otra cuando y donde tenga competencia. Por lo tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene jurisdicción general sobre la interpretación de los tratados que deben ser respetados plenamente, no porque la Convención Europea de Derechos Humanos sea una norma superior en relación con las constituciones según la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos.

Sin embargo, esto no existe según respondieron los servicios legales de los parlamentos nacionales encuestados. En primer lugar, existe la voluntad política de nuestras naciones de ser parte de esta familia política de estados europeos dispuestos a establecer un espacio legal europeo común y, sobre todo, un juris communis de derechos a nivel de derechos humanos.

En segundo lugar, hay argumentos a nivel de derecho internacional que no están relacionados con una jerarquía de normas, sino solo con la obligación de cada estado de respetar la regla básica pacta sunt servanda. El Tratado de Viena establece explícitamente que ningún tipo de norma interna puede ser una excusa para desviarse de esta obligación internacional.

Katrougalos concluye señalando que la Convención Europea de Derechos Humanos y las constituciones nacionales no están en conflicto, sino que se complementan mutuamente. El respeto y la comprensión mutuos son fundamentales para garantizar una aplicación uniforme de los derechos humanos en Europa. Es importante que los tribunales nacionales y supranacionales se comuniquen y colaboren de manera efectiva para garantizar un enfoque coherente y evitar conflictos innecesarios.

Además, es necesario que los jueces nacionales estén familiarizados con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la apliquen correctamente en el contexto de su propio ordenamiento jurídico interno. Este enfoque puede mejorar la calidad de las sentencias y evitar la necesidad de recurrir a la jurisdicción de control del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En resumen, la resolución aprobada con 87 votos a favor y dos en contra en la PACE, busca construir un constitucionalismo multinivel coordinado, basado en el respeto mutuo y la complementariedad, que permita una aplicación uniforme de los derechos humanos en toda Europa. Solo así se podrá garantizar que los derechos humanos sean efectivamente protegidos en todos los Estados miembros y que la Unión Europea y el Consejo de Europa sigan avanzando hacia una mayor integración y unidad basada en valores comunes.

Mientras tanto, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó, por nueve votos a favor y dos en contra, una decisión del Poder Legislativo que lesionaba los derechos humanos de elegir a nuestros gobernantes, debido a una franca violación al proceso de construcción de leyes. Además, el Poder Ejecutivo atacó sin razón jurídica al Poder Judicial encargado de tomar dicha determinación. Invito desde esta columna a fomentar el diálogo respetuoso. Aquí hay un ejemplo de cómo hacerlo. Juntos, podemos aprender de la experiencia europea y aplicarla a nuestra realidad mexicana para promover un diálogo respetuoso y efectivo entre las diferentes ramas del poder y defender los derechos humanos de nuestra población

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