León Guanajuato a 13 de Octubre.- Imaginemos que un día te avisan del banco donde te pagan tu nómina o donde guardas tu dinero que detectaron un desvío de fondos en todas las cuentas de los tarjetahabientes, por lo que han decidido mover todo el dinero, incluyendo el tuyo, a una cuenta concentradora que será controlada exclusivamente por el Director General del banco.
Sin embargo, el banco decide no levantar ninguna denuncia, ni señala ningún responsable, tampoco realizan una investigación interna, ni llevan a cabo ninguna auditoría, y mucho menos implementan algún control de seguridad para prevenir que una situación así vuelva a repetirse, simplemente desaparecen el sistema actual de administrar las cuentas.
Así que a partir de ahora, en caso de necesitar dinero, tendrás que realizar una solicitud con tiempo para analizar la asignación del recurso que requieres.
Honestamente ¿no se te haría raro? ¿No te daría desconfianza? ¿No se te haría injusto? ¿No te molestaría?
Pues básicamente y a grandes rasgos, eso sucedió con los más de 100 fideicomisos que desapareció el gobierno federal, como es el caso del Fondo Nacional para Desastres Naturales, justo antes de la llegada del huracán Delta, por mencionar solo un ejemplo.
Pero ¿Qué son los fideicomisos y cómo funcionaban?
Son contratos entre la administración pública e instituciones financieras para solventar uno o varios proyectos con recursos que provienen de distintas fuentes, entre ellas puede ser el propio gobierno, pero también pueden haber recursos auto generados, donativos, fundaciones privadas, cooperación internacional, contratos de inversión, entre otras.
¿Y qué ventajas tiene un fideicomiso?
Garantizar que esos recursos estén disponibles independientemente de decisiones políticas presupuestales, o de situaciones económicas externas, como la crisis económica actual por situación de pandemia, por lo que entonces se podrían planear y administrar proyectos multianuales sin depender de partidas presupuestales cada año, por ejemplo, en proyectos de investigación científica, como el desarrollo de la vacuna para el COVID-19, que tendría que cancelarse por falta de continuidad en la asignación de presupuesto.
También estos fideicomisos permitían al estado fomentar la participación y la inversión de terceros, generando mayores recursos.
De acuerdo al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la entrega del Presupuesto de Egresos de la Federación el año pasado, señaló que con la reforma a la Ley Federal Presupuestaria y Responsabilidad Hacendaria se establecieron controles a los fideicomisos para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos asignados, como:
– Quedó extinto el secreto bancario, o en este caso, secreto fiduciario.
– Están sujetos a la ley de transparencia.
– Son auditables fiscalmente y sujetos a investigación por la Función Pública, y supervisados por la Auditoria Superior de la Federación.
– Están obligados a entregar un reporte cada tres meses a la Secretaria de Hacienda y al Congreso de la Unión.
– Y son administrados por un comité técnico especializado.
Ahora por decreto presidencial estos fideicomisos son corruptos, no es necesario presentar pruebas, ni evidencia, ni levantar denuncias, sin hacer ningún tipo de investigación o entregar algún tipo de informe, sin consignar a las autoridades ningún responsable, la solución simplemente es desaparecerlos.
¿Y ahora qué destino tendrán esos recursos?
En julio de 2019 fue aprobada la Ley de Austeridad propuesta por AMLO donde, entre otras cosas, se le dio facultades al Presidente para utilizar de manera discrecional los recursos generados por el subejercicio de programas de gobierno, en palabras más simples esto quiere decir que el Presidente puede utilizar el dinero que se “ahorre por medidas de austeridad” de la manera que él considere más conveniente sin tener que rendir cuentas a nadie.
En esa categoría entran los fideicomisos extintos.
Si hacemos un poco de memoria, el Presidente eliminó el año pasado el programa de Estancias Infantiles prometiendo que los recursos se continuarían entregando, pero esta vez de manera directa a los padres de familia, ¿y qué pasó? Al día de hoy, de acuerdo al padrón oficial del IMSS, al menos el 80% de los afectados no han recibido ningún tipo de apoyo.
Entonces, si el objetivo principal es el combate a la corrupción ¿no hubiera sido mejor realizar una investigación y auditoría a fondo para establecer mejores sistemas de control y transparencia, recolectar evidencia, levantar denuncias penales, y consignar a quien resulte responsable de actos de corrupción para que no sigan robando en el futuro en algún otra dependencia?
¿No te parece que más bien quieren echar mano de estos recursos para financiar otros proyectos de gobierno prioritarios para el Presidente?
¿Tú que opinas?
