Agencias, 13 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la autoridad judicial una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, para que sea procesada por presunta participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Según las autoridades, Casar habría obtenido una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido el 7 de octubre de 2004.
En mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, indicó que Márquez Padilla García ingresó a la empresa estatal el 1 de junio de 2004 como coordinador ejecutivo de la dirección corporativa de administración, durante el mandato de Vicente Fox, y falleció el 7 de octubre de ese mismo año, tras desempeñarse en el cargo por solo 129 días.
Durante la conferencia matutina de mayo de 2024, se reveló que Márquez perdió la vida al caer desde una ventana del piso 12 del edificio A, en la sede de Pemex. Aunque los peritajes indicaron que fue un suicidio, ninguno de los documentos públicos lo establece de manera explícita.
También se dio a conocer que el 19 de octubre de 2004 se solicitó el pago de la pensión post mortem para los beneficiarios, con vigencia desde el 8 de octubre, un día después del fallecimiento de Márquez.
El ex director de Pemex acusó a Casar de haber cometido fraude contra la empresa por un monto de 31 millones de pesos, al recibir pagos mensuales de 125 mil pesos.
De acuerdo con el Poder Judicial de la Federación (PJF), la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó una audiencia inicial contra María Amparo Casar Pérez y otras dos personas, para imputarles la probable comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal vigente en el momento de los hechos.
El Código Penal Federal contempla que este delito puede ser atribuido tanto a servidores públicos como a particulares. En el caso de funcionarios, se sanciona a quien otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de carácter económico de manera indebida. También se puede acusar a quienes soliciten, promuevan o participen en operaciones indebidas relacionadas con lo anterior.
La sanción establecida para este delito va de seis meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días de multa.
La audiencia, según registros del PJF, está programada para el 16 de diciembre, fecha en la que se presentarán los resultados de la investigación y los cargos contra las tres personas señaladas. Al no tratarse de un delito grave, en caso de vinculación a proceso, podrán enfrentar el juicio en libertad condicional.
Pemex suspendió el pago de la pensión en febrero de 2024, por lo que María Amparo Casar promovió un juicio de amparo y el juzgado sexto de distrito en materia laboral ordenó a Pemex restablecerle el pago.
