Guanajuato, Gto., 15 de octubre de 2026.- El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato lanzó un llamado urgente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que intervenga de inmediato el Río Turbio mediante inspecciones y vigilancias que permitan detectar descargas ilegales, evaluar la calidad del agua y aplicar clausuras o sanciones a los responsables.
La exigencia legislativa también fue dirigida al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y a los organismos de agua de Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Manuel Doblado, Romita, Cuerámaro, Abasolo y Pénjamo. A todos se les solicitó informar el estado de sus redes de drenaje y plantas de tratamiento, así como las medidas inmediatas que tomarán para frenar la contaminación del cauce.
Asimismo, las autoridades deberán instalar una mesa de trabajo conjunta para definir un plan de rescate que contemple monitoreos permanentes, limpieza del río, corrección de descargas e informes periódicos con fechas concretas de entrega al Poder Legislativo.
“Una crisis de salud y derechos humanos”
Al presentar el dictamen, la diputada Luz Itzel Mendo González advirtió que la contaminación en esta cuenca —acumulada por años— ya no es solo un reto ecológico, sino una crisis de salud pública y derechos humanos que impacta la tierra agrícola, la seguridad hídrica y la vida de miles de familias en la región.
En el debate, el diputado David Martínez Mendizábal respaldó el acuerdo y calificó al Río Turbio como uno de los puntos más críticos de la entidad. Explicó cómo la cuenca arrastra agua desde la Presa del Palote y arroyos urbanos como Las Liebres o Los Muertos, convirtiéndose en el principal punto de desecho de sustancias químicas industriales y curtidoras en León.
Martínez Mendizábal denunció que habitantes de comunidades río abajo enfrentan enfermedades en la piel y padecimientos crónicos por el contacto con agua contaminada, e incluso daños en las fachadas de sus casas por la corrosión de los químicos en el ambiente. Finalmente, cuestionó el papel de SAPAL, al señalar que históricamente se ha priorizado el interés de sectores empresariales por encima de la salud de la ciudadanía.
