Guanajuato, Gto., a 15 de marzo de 2023.– La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó dos mesas de trabajo para analizar diferentes iniciativas de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
Recursos de revisión
El primer análisis correspondió a la iniciativa que como objeto evitar continuar invadiendo las facultades reservadas al Congreso de la Unión, en el trámite del recurso de revisión contra resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (TJA) y que se continúen obsequiando amparos a los gobernados por la contrariedad de los dispositivos legales contra la Carta Magna.
En su intervención, Alfredo Israel Barrón Durán, representante del TJA, pidió tomar en cuenta el tema de la sobrerregulación y la sobrecarga de recursos, debido a que en la entidad el recurso de apelación se está llevando a cabo por las autoridades investigadoras, además de que las modificaciones podrían causar confusión en los justiciables, al haber dos recursos nominados de igual manera, lo que entorpecería el trabajo que se tiene en el tribunal.
Al hacer uso de la voz, Vicente Vázquez Bustos representante de la Coordinación General Jurídica manifestó que existen dudas respecto a que por los cambios de la propuesta inicial se tendría que replantear una iniciativa y hacer una nueva propuesta o si los alcances de los cambios dan para seguir en el análisis de ésta.
Por su parte, Jonathan Hazael Moreno Becerra, de la Fiscalía General del Estado, señaló una falta de congruencia jurisdiccional a nivel estatal, porque no se tiene una infraestructura necesaria para llevar a cabo los procesos como en la federación, en razón de que no existe un tribunal intermedio, junto a algunas contradicciones que se podrían prever haciendo una adición que permita únicamente a la autoridad el recurso de apelación a las sentencias.
Omar Patiño Rodríguez, de la Auditoría Superior del Estado, expresó que existe una inequidad en cuanto a los medios de impugnación de las partes, puesto que los responsables pueden acudir a la instancia garantista a través del juicio de amparo, mientras que las autoridades no tienen acceso a un recurso adicional lo que se les deja en estado de indefensión.
Al intervenir, Carolina Gasca Arriaga del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato advirtió que no se tiene un recurso en la Ley de Responsabilidades Administrativas para las autoridades para impugnar, por lo que se está de acuerdo que en lugar de derogar los artículos sería mejor modificar la redacción para tener el recurso de revisión.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Susana Bermúdez Cano, pidió la elaboración de un dictamen en sentido positivo.
Nepotismo
En la segunda mesa se revisó la propuesta que tiene la finalidad de fortalecer el combate a la corrupción en materia de nepotismo.
Al hacer uso de la voz, el representante de la Coordinación General Jurídica precisó que en el caso del llamado nepotismo cruzado, todo el actuar del Estado se encuentra constreñido por el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica en aras de garantizar a las personas el ejercicio de sus derechos humanos, pero que dicha facultad se encuentra limitada por los lineamientos de la Constitución Federal y por la Ley General en cuestión.
Isaías Arévalo Rangel del Tribunal de Justicia Administrativa propuso analizar las similitudes y esclarecer las concordancias, debido a que en las normativas locales ya se contempla como falta grave administrativa el tráfico de influencias que está ligada con la propuesta del iniciante, para que cuestiones que no coincidan con el tema, y sean importantes, no queden impunes.
En su intervención, David Enrique Maldonado, adscrito a la Fiscalía General del Estado, indicó que en caso de avanzar con lo establecido por el iniciante habría que ponderar los alcances y la precisión de lo que pudiera establecerse en el dictamen, tomando en cuenta que el derecho al trabajo es un derecho universal, por lo que acceder a las instituciones públicas debe hacerse bajo ciertas estructuras orgánicas y criterios.
Por su parte, Jazmín Martínez de la Secretaría de Gobierno señaló como potencialmente inconstitucional la propuesta, toda vez que las legislaturas locales carecen de competencia y no pueden modificar aspectos relacionados íntimamente con la misma. De igual manera externó que no se puede prever un catálogo diverso o más amplio del que se encuentra contemplado en las faltas graves de servidores públicos de la ley general, lo que implica invasión de competencias y una contra versión a una ley de mayor jerarquía.
A manera de conclusión, la diputada Susana Bermúdez Cano precisó que atendiendo a la homologación que se pretende existieron varias coincidencias que hacen viable esa parte de la propuesta, omitiendo los artículos que rebasan las competencias de los congresos locales, por lo que se pidió la elaboración de un dictamen en sentido positivo.
En la reunión estuvieron presentes la diputada Susana Bermúdez Cano y el diputado Ernesto Millán Soberanes.
Además asistieron asesores de los distintos grupos parlamentarios; representantes de la Secretaría de Gobierno, de la Coordinación General Jurídica, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto Electoral estatal, del Instituto de Acceso a la Información Pública, del Tribunal Estatal Electoral, de la Auditoría Superior del Estado, del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
