Agencias.-Con ocho meses y medio de embarazo, una salvadoreña que presentaba contracciones tras cruzar el Río Bravo y ser aprehendida por la Patrulla Fronteriza fue obligada a regresar a México.
Los agentes la llevaron al hospital, donde los médicos le dieron un medicamento para detener las contracciones. Y luego, según la mujer y su abogada, fue enviada a México casi inmediatamente.
Así se convirtió en una de más de 38 mil personas obligadas a aguardar al otro lado de la frontera a ser convocadas para audiencias en tribunales de inmigración, según una política implementada por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Sus penurias ponen de manifiesto los riesgos para la salud y los peligros que representa para los inmigrantes el programa del gobierno de Estados Unidos para hacerlos esperar en México.
La mujer aguardaba el jueves con su hija de 3 años en un campamento improvisado en Matamoros, junto a un puente internacional, a punto de dar a luz cualquier día, señaló su abogada Jodi Goodwin.
“Le preocupa tener al bebé en la calle o tener que parir al bebé en un albergue”, agregó.
Las mujeres embarazadas enfrentan riesgos especiales en México, porque con frecuencia los sitios donde los inmigrantes aguardan a poder ingresar a Estados Unidos carecen de acceso a alimentos en forma regular, agua potable y atención médica.
Muchos albergues en la frontera con México ya operan a toda su capacidad o por encima de ella, y algunas familias han estado durmiendo en tiendas o sobre frazadas bajo el abrasador calor veraniego. Abundan los reportes de migrantes que son atacados o secuestrados en ciudades fronterizas mexicanas, en especial en el estado de Tamaulipas, limítrofe con Texas, donde la madre salvadoreña está aguardando una cita en un tribunal estadounidense programada para noviembre.
El gobierno estadounidense no otorga una exención automática a las mujeres embarazadas para que no tengan que esperar en México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) declinó comentar sobre el caso de la mujer.
El programa -cuyo nombre oficial es Protocolos de Protección a Migrantes- fue instituido por Estados Unidos y México como una forma de desalentar a los migrantes a cruzar la frontera para solicitar asilo. México ha cooperado con la expansión del programa a solicitud de Trump, que en junio amenazó con imponer duros aranceles si el gobierno mexicano no hacía más para detener el avance de los migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que personas en “poblaciones vulnerables” podrían estar exentas de ser enviadas a México. Pero la CBP -una subsidiaria del departamento- no necesariamente considera “vulnerables” a las mujeres embarazadas.
“En algunos casos, el embarazo puede no ser notorio o no ser revelado, y por sí mismo podría no inhabilitar a una persona de ser susceptible a ser incluida en el programa”, señaló la CBP en un comunicado. “Los agentes y los funcionarios tomarían en cuenta el embarazo, cuando existan otros factores vinculados, para determinar si la persona es susceptible de ser incluida en el programa”.
Goodwin proporcionó copias de los papeles migratorios de la mujer de 28 años y del brazalete de cuando ingresó al Centro Médico Regional del Valle.
“En este caso particular, la CBP fue la que llevó a la mujer al hospital”, afirmó. “No hay forma en que la CBP pudiera insinuar que no se sabía que estaba embarazada”.
En los papeles se le instruye a que regrese a Brownsville el 14 de noviembre para una audiencia judicial.
El gobierno federal estadounidense está estableciendo tribunales temporales en carpas en Brownsville y Laredo, Texas, donde jueces de inmigración de todo Estados Unidos escucharán los casos de los migrantes vía video. Las audiencias comenzarán en esas ciudades este mismo mes.
El aviso que se le dio a la mujer indica que su domicilio es un albergue para migrantes en Matamoros a varios kilómetros del puente internacional cercano al campamento donde ella está residiendo. Goodwin dice que la salvadoreña nunca ha ido a ese albergue.
Hay cuando menos seis casos de mujeres embarazadas a lo largo de toda la frontera que han sido enviadas de regreso a México, según el senador federal demócrata Jeff Merkley, que envió recientemente una carta al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional exigiendo una investigación sobre el asunto.
Goodwin también representa a una mujer peruana que llevaba siete meses de embarazo cuando agentes fronterizos le permitieron ingresar, sólo para enviarla de vuelta a México al día siguiente.
México ofrece cobertura de salud limitada a la gente sin importar su nacionalidad, la cual incluye algunas de las revisiones requeridas por una mujer embarazada, dijo Lina Villa, funcionaria de salud para el organismo activista Médicos Sin Fronteras, quien trabaja en México. Pero muchos migrantes desconocen que pueden recurrir a esa cobertura, agregó.
A medida que se acerca su fecha para dar a luz, muchas mujeres migrantes no están seguras de si tendrán acceso a un hospital y si requerirán cirugía, señaló Villa. Les preocupa que su hijo nazca en México en lugar de en Estados Unidos, y lo que ello podría significar para sus perspectivas de poder quedarse allí a la larga.
“Es un grupo de personas con muchas dificultades que requieren mucha ayuda, y no reciben la suficiente”, afirmó.
