Guanajuato, Gto., a 19 de julio de 2023.– La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales celebró mesas de trabajo en las que analizó una iniciativa en materia de auditoría y una más referente a diputaciones migrantes.
Modificar la operación de la Auditoría Superior del Estado
La diputada presidenta de la Comisión, Susana Bermúdez Cano y la legisladora Alma Edwiviges Alcaraz Hernández, analizaron en compañía de Iliana Alejandra Bernardino Cruz y Jafet Noriega Zamudio, de la Universidad de Guanajuato; Alfredo Israel Barrón Durán del Tribunal de Justicia Administrativa; Gustavo Sánchez Guerrero y Javier Amaya de de Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, así como con asesora y asesores del PAN, Morena y PRI, analizaron una propuesta de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.
Durante su intervención, el asesor del Grupo Parlamentario de Morena, Francisco Escamilla de Luna, la propuesta plantea robustecer la atribuciones que tiene el Congreso del Estado para verificar el desempeño de los programas en el cumplimiento de sus objetivos; acordar la práctica de auditorías a partir de la aprobación por parte de la mayoría simple del Congreso y no por mayoría relativa como ahora lo estipula la ley.
Agregó que también se busca adicionar requisitos para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), tales como no haber sido objeto de inhabilitación para desempeñarse en el servicio público; así como incorporar la figura del juicio político local, que podría ser iniciado por la persona titular de la (ASEG) en caso de hallazgos en las auditorías dijo.
El representante de la UG reconoció el valor de la iniciativa; sin embargo, pidió valorar si las modificaciones ya se encuentran contenidas en otros instrumentos normativos y la Política Estatal Anticorrupción.
Jorge Luis Hernández Rivera, asesor del Grupo Parlamentario del PAN, se manifestó en contra de las cuatro modificaciones.
Referente a ampliar el programa de auditoría a partir de la votación por parte de una mayoría simple en el Congreso, el asesor recalcó la necesidad de generar consensos. En lo que respecta a los requisitos para ser titular de la ASF, afirmó que no es necesario movilizar al Constituyente permanente únicamente para establecer requisitos, pues esto puede realizarse con la facultad ordinaria del Congreso. Además de que la tendencia normativa es eliminar las limitaciones a ocupar cargos públicos por contar con inhabilitaciones.
Relativo a las auditorías de desempeño señaló que darles un alcance distinto al establecido se torna inconstitucional, así como que podría resultar en invadir las competencias de los sujetos obligados, tales como los ayuntamientos.
Sobre la creación del juicio político local indicó que esta pretensión no se considera en la exposición de motivos, y que la iniciativa únicamente incluye modificaciones al procedimiento local que se sigue para instaurar un juicio político en lo federal.
Concerniente a la evaluación del desempeño, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, enfatizó en la necesidad de agregar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Por su parte, Escamilla de Luna se manifestó sobre la necesidad alcanzar una mayoría calificada para modificar el programa de auditorías y dijo que esta figura muchas veces funciona para bloquear auditorías necesarias; agregó que la fiscalización es una herramienta de las minorías parlamentarias. Relativo a las inhabilitaciones insistió en la necesidad de vigilar que quien ocupe la titularidad de la ASF no cuente con sanciones de esa naturaleza.
Tocante al juicio político local, el TJA sugirió evitar doble regulación sobre supuestos ya previstos en las leyes federales.
En respuesta, la legisladora Alcaraz Hernández sostuvo que en la mayoría de los estados existe la figura del juicio político local, en temas políticos que no tienen nada que ver con la federación.
La presidenta de la Comisión instruyó elaborar el dictamen en sentido negativo, para presentarlo posteriormente ante la Comisión.
Diputación migrante
La segunda iniciativa que discutida tiene como objetivo reformar la Constitución estatal para garantizar que una persona migrante forme parte del Poder Legislativo al incrementar a 37 el número de diputados.
Además de la diputada Susana Bermúdez Cano, presidenta de la Comisión, en esta reunión participaron Yari Zapata López, del Tribunal Electoral del Estado; Carlos Manuel Torres Yáñez, de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, Luis Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (Prodheg) y Diego Enrique Ramírez García, del Instituto Electoral local (IEEG); así como asesores de PAN, Morena y PRI.
La y los servidores públios coincidieron en reconocer la importancia de la figura de la diputación migrante, pues ha sido reconocido por parte de diversos tribunales y autoridades administrativas como una acción afirmativa que busca terminar con la discriminación hacia las personas guanajuatenses que viven en el extranjero.
El representante de la Coordinación General Jurídica, indicó que aumentar el número de diputados debe analizarse detenidamente para considerar si la nueva curul impactaría en la sobre o subrepresentación de las distintas fuerzas políticas, así como la posibilidad de afectar el sistema de representación proporcional y por mayoría relativa, pues se corre el riesgo de que se violen disposiciones constitucionales.
Asimismo, se manifestó en contra de la propuesta en tanto que no puede generarse una votación que considere a un solo grupo poblacional.
Por su parte, Estrella Ortega sostuvo que esta medida afirmativa debe ser acompañada por otras figuras legales que la vuelvan objetiva y evite las desigualdades que provocan criterios inaccesibles o discriminatorios que invisibilizan a los sectores de migrantes.
La magistrada del TEEG afirmó que es obligación del Estado fijar los medios para que las personas migrantes puedan participar en la toma de decisiones en su estado de origen.
Diego Enrique Ramírez García, del IEEG, indicó que en los términos propuestos por la iniciativa, la o el diputado migrante sería elegido por la votación emitida por los ciudadanos guanajuatenses en el exterior, en que se cumpla un mínimo de participación electoral igual al del distrito con menor participación del mismo proceso electoral; sin embargo, tomando como referencia el número de sufragios emitidos en el último proceso electoral, si todas las personas migrantes oriundas de Guanajuato que se encuentran en el extranjero y cuentan con una credencial de elector acudieran a votar no alcanzaría para obtener una votación equivalente.
Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano instruyó la elaboración del dictamen en sentido negativo derivado de la redacción de la iniciativa y las opiniones vertidas en la mesa, así como de la existencia de una inciativa análoga que ya se encuentra en análisis por parte de la Comisión de Asuntos Electorales.
