El Estado Abierto es una precondición para que la ciudadanía ejerza el derecho de acceso a la información pública y participe en la deliberación de los asuntos públicos del Estado mexicano, fundamentalmente, sobre los grandes problemas nacionales y estatales, servicios públicos de su municipio, demandas y necesidades más apremiantes de sus colonias, barrios y calles, a través de diversos mecanismos de democracia directa o semidirecta; así lo confirma el análisis de la mesa, Mecanismos de democracia directa en los estados, llevada a cabo de manera virtual, en el marco del XXXVII Congreso Internacional de Estudios Electorales.
El nuevo ciclo electoral latinoamericano: elecciones legitimidad y futuro democrático, organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C. (SOMEE) y celebrada del 10 al 13 de noviembre, en Hermosillo, Sonora. Pero ¿Cómo se relaciona el Estado Abierto con el derecho de acceso a la información pública y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos?
Un Estado Abierto implica que todos los actores (gobiernos, parlamentos, cortes de justicia, organismos de control público u otras instituciones estatales o paraestatales) expresen y tengan la voluntad y disposición de dar apertura a sus repositorios de datos, el acceso ciudadano a la información, la participación social en las distintas fases del ciclo de las políticas públicas, la rendición de cuentas y, en general, el control de la gestión pública por parte de la ciudadanía, como lo planteó el Dr. Oscar Oszlak hace casi una década (Oszlak, 2017).
Consecuentemente, si todos los actores más que voluntad tienen la obligación de apertura de datos e información; el acceso a la información pública se convierte en un derecho de la ciudadanía para que pueda participar en la deliberación de los asuntos públicos del Estado, donde la democracia no solo implique “el poder del pueblo” o que la “soberanía resida en el pueblo”, sino la participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones (Real Academia Española, 2020).
En este tenor, la ciudadanía participaría en la deliberación de los asuntos públicos de las polis; es decir, del Estado (Aristóteles, 1988) y, por tanto, en la toma de decisiones desde la formulación, implementación, ejecución y supervisión de las políticas públicas.
El problema del asunto es que en México aún no tenemos la figura de “Estado Abierto” a rango de la Constitución federal. Solo la entidad federativa de Quintana Roo lo regula y define el “Estado Abierto” con una mayor extensión conformada por “Parlamento Abierto, Gobierno Abierto y Justicia Abierta, mismo que deberá regirse bajo los principios de transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la colaboración e innovación”, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
En este contexto de la democracia semidirecta surge la figura de Gobierno Abierto y, consecuentemente, de Parlamento Abierto. Ambas instituciones, al igual que otras figuras como Justicia Abierta (JA), Ayuntamiento Abierto (AA), y Organismo Público Abierto (OPA) están establecidas en las constituciones estatales. Para muestra basta un botón:
- El Gobierno Abierto esta signado en 7 entidades federativas: Baja California ( 7, Apartado C); Ciudad de México (Arts. 21; 32, C-n; 33 y 60-1); Guanajuato (Art. 36); Jalisco (Arts. Art. 9, Frac. II; y,11, B-I); Morelos (Art. 19, Frac. XIV); Quintana Roo ((Art. 49); y Tamaulipas (Art. 4);
- La institución de Parlamento Abierto regulado en 11 constituciones estatales: Aguascalientes (Art. 15), Chihuahua ( 40 Bis), Ciudad de México (Art. 29), Guanajuato (Art. 36), Jalisco (Arts. 11, B-II; y, 117 Bis, Frac. VI), Morelos (Art. 19, Frac. IX), Oaxaca (Art. 31), Querétaro (Art. 13), Quintana Roo (Art. 49), Sinaloa (Art. 22) y Sonora (Art. 29).
- La Justicia Abierta normada 3 estados: Guanajuato (Art. 36); Jalisco (11, B-III); y, Quintana Roo (Art. 49);
- El Ayuntamiento Abierto o Alcaldía Abierta regulado en 6 entidades federativas: Ciudad de México (Art.26, A-2; 53-11); Guanajuato (Art.117); Jalisco ( 9, Frac. II; y,11, A-XII); Morelos (Art. 19, Frac. VIII); Querétaro (Art.35); y, Quintana Roo (Art. 133); y,
- Las figuras de Organismo Público Abierto como Estado Abierto están regulados solo en la Constitución de Quintana Roo, respectivamente, en los artículos 51 Bis; y, en 21, Frac. VIII; y
El concepto de “Estado Abierto” con la categoría del “acceso a la información pública” están estrechamente vinculadas, en virtud de que esta última es un derecho humano que comprende “solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información” de los sujetos obligados por ley; sin embargo, este derecho humano de “acceso a la información” resulta nulo sino se garantizan los mecanismos de participación ciudadana
En este tenor, resulta oportuno reflexionar sobre la importancia de contar con una Ley General de Participación Ciudadana –a la par de una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública– que, regule todos los mecanismos de participación que actualmente se encuentran dispersos a nivel nacional y estatal, con el propósito de homologar criterios en los distintos órdenes de gobierno y propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas para contribuir a la consolidación de la democracia y promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en el diseño, implementación, ejecución y supervisión de políticas públicas. Aunado a ello, cabe preguntar: ¿Cómo definir la visión, los principios, las prioridades y los mecanismos de gobernanza e implementación de la Nueva Política de Estado Abierto en nuestro país y, particularmente, en el estado de Guanajuato?
Sin duda, hay más preguntas que respuestas.
Ustedes tienen la palabra.
