Guanajuato, Gto., 4 de diciembre de 2025.- En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de las tres iniciativas de reforma al Código Penal en materia de despenalización del aborto; otra de reforma a la Constitución Política para el Estado a fin de derogar la disposición normativa que establece que persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural y una más que proponía cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir el concepto de autonomía reproductiva.
Despenalización del aborto
Como autora del dictamen, la diputada María Eugenia García Oliveros expresó que el tipo penal que criminaliza de manera absoluta la interrupción del embarazo en Guanajuato es inconstitucional y por ello se tiene la obligación de adecuar la legislación a los estándares constitucionales y convencionales en la materia.
Agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió que varios artículos del Código Penal estatal son inconstitucionales por vulnerar los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a decidir y forma parte de un sistema que criminaliza de forma absoluta el acceso a un aborto voluntario.
Finalmente, se especificó que si el Pleno del Congreso de Guanajuato se inclina a seguir criminalizando a las mujeres y no corrige la inconstitucionalidad se emitirá una declaratoria general y por lo tanto la criminalización en el Código Penal de la entidad quedará sin efecto para todas las mujeres, por lo que invitó a atender la obligación de legislar conforme a los principios de derechos humanos.
Al hablar en contra, el congresista Antonio Chaurand Sorzano manifestó que cada vez que se pospone este debate se les falla a las mujeres, ya que afuera la realidad sigue su curso. Expresó que las mujeres no pueden poner en pausa sus decisiones porque este Congreso decida retrasar las suyas.
Indicó que no se puede seguir pateando una discusión que ya ha sido ampliamente analizada, escuchada y documentada; que hoy posponer no era prudencia, era omisión. Apuntó que no despenalizar el aborto es un agravio contra las mujeres porque el Estado les da la espalda cuando más protección necesitan.
Chaurand Sorzano subrayó que la maternidad será deseada o no será, por lo que hizo un llamado firme al Congreso para dejar de administrar este tema desde la simulación, a dejar de usar el cuerpo de las mujeres como terreno de disputa política o ideológica y a asumir, de una vez por todas, la responsabilidad que les corresponde. “Un congreso que posterga derechos no es prudente, es injusto”, concluyó.
Por su parte, el congresista Rolando Fortino Alcantar Rojas habló a favor y manifestó que el derecho a la vida es fundamental protegido constitucionalmente desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, mismos que se han plasmado en instrumentos nacionales e internacionales.
Agregó que el derecho a la vida no puede ser afectado, pues su límite implicaría su anulación, al ser considerado el derecho más amplio y necesario para que existan y se respeten cualquier garantía, por ello se construyó en todos los Códigos Penales de la nación el delito de aborto como un mecanismo de protección.
Concluyó diciendo que nadie tiene derecho a privar la vida de otro ser humano, por eso es de importancia que el resguardo de la vida en gestación y de los derechos de las mujeres no se agote en el ámbito del derecho penal por ser bienes constitucionalmente protegidos, así como que hay que entender que el derecho a la vida tiene un valor mayor y superior a cualquier derecho.
En contra, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco indicó que con el dictamen se pretende mandar al archivo las iniciativas que buscan despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación.
Enfatizó que si no debería ser suficiente que ya la Suprema Corte de Justicia haya dicho que el Código Penal es violatorio de derechos para que lo reformen, que si no era lo más responsable de su parte como personas diputadas. Agregó que no buscaba confrontación sino justicia y dignidad; disminuir la mortalidad materna, garantizar los derechos y la protección de las niñas para que no sigan siendo obligadas a ser madres como consecuencia de la violencia estructural que las victimiza y obliga a concluir sus embarazos.
Apuntó que la maternidad debe ser decisión y no destino, que mucho se ha dicho que no hay mujeres presas por abortar, por lo que cuestionó entonces por qué mantenerlo en Código Penal, e instó a sus homólogos a votar en contra y que se regrese el dictamen a Comisión para elaborar uno a favor que proteja a las mujeres.
En su oportunidad, la diputada Karol Jared González Márquez manifestó su compromiso para hablar desde el respeto y la apertura de la diversidad de opiniones, así como evitar juzgar y descalificar, sino reafirmar la defensa de la vida en todas sus etapas, misma que debe ser protegida desde la concepción.
Añadió que en la discusión no se busca criminalizar a las mujeres, teniendo como prueba de ello que no existe ninguna mujer en Guanajuato encarcelada por abortar, por lo que aseguró que no se trata de restringir libertades, sino de mantener las herramientas legales que permitan proteger a las mujeres de quienes las explotan o abusan de ellas.
Finalmente, la legisladora reiteró que el objetivo es respetar la vida, proteger a las mujeres y a los no nacidos, así como mantener las herramientas legales que permitan perseguir a quienes realmente dañas y explotan, aunado a que se tendrá apertura a la realidad compleja de aquellas mujeres que han vivido y enfrentado situaciones difíciles.
En su intervención, también a favor del dictamen, la legisladora Susana Bermúdez Cano apuntó que volvían al análisis de proteger o no la vida, y recordó que cuando se hizo el primer estudio en cuanto a la ponderación de los derechos humanos se le quitó el término de persona al no concebido para poder cosificarlo y eliminarle todos los derechos.
Añadió que se ha hecho un falso discurso incluyendo otras cosas hasta incluir historias desgarradoras para que crean que el interés es legítimo. Enfatizó que reducir la discusión a un solo lado del binomio humano es incompleto, ignora la complejidad ética, ignora la protección jurídica vigente e ignora la progresividad, que significa que cada norma, cada reforma, cada política pública debe incrementar la protección de derechos, no disminuirla.
Argumentó que el embrión y el feto constituyen un bien que ineludiblemente amerita la protección de los poderes públicos del Estado, y que la preeminencia de ese bien no es una cuestión ideológica sino estructural, ya que, si no se garantiza la vida, se anulan de raíz todos los demás derechos.
Bermúdez Cano puntualizó que ni el juez ni el legislador tienen facultad para disponer del derecho a la vida como si fuera un interés disponible o susceptible de sacrificio frente a otros bienes.
Finalmente, el diputado Aldo Iván Márquez Becerra aseguró que desde la fracción parlamentaria que representa no se busca criminalizar a las mujeres, sino que la vida debe ser defendida desde la concepción hasta la muerte natural, misma que es una condición indispensable para la existencia de una democracia auténtica.
Precisó que defender la vida es un acto de responsabilidad y de solidaridad, así como acompañar a quienes atraviesan circunstancias que requieren el acompañamiento del Estado es construir apoyos y políticas públicas que respondan con empatía y con humanidad.
Finalmente, expresó que la defensa de la vida es uno de los principios que dan sentido a la historia, luchas y esperanza para seguir defendiendo a México y Guanajuato, poniendo en el centro la dignidad de cada persona.
El dictamen fue aprobado por 19 votos a favor y 17 en contra, por lo que se instruyó el archivo definitivo del dictamen.
