Los seres humanos decidimos vivir en sociedad porque nos convenía, nos gustaba, nos parecía más divertido y emocionalmente necesario; nos dimos cuenta también que así como el ser humano necesita la comunidad para vivir feliz, también es un hecho que la violencia y los delitos lamentablemente se presentan entre nosotros y que era necesario establecer un orden que regulara y controlara los impulsos negativos, nos permitiera vivir en paz a todos y así fue que creamos un ente superior a todos nosotros llamado “El Estado” el cual sería el encargado de administrar las cosas públicas y mantener el orden.
El Estado es un invento social, no existía en la naturaleza, los seres humanos decidimos cederle facultades como son la administración de recursos y el uso de la fuerza para garantizar la seguridad, nos cuidara y orquestara el desarrollo de la comunidad. Este ente inventado, necesita valerse de personas físicas que lo pongan en acción y así es como tenemos a los gobernantes.
Su función es administrar lo de todos, para el beneficio de todos, de una manera inteligente y ordenada, clara y honesta.
El Estado no genera dinero, administra el que juntos aportamos, por lo que el gobernante tiene el deber de asegurarse que los recursos se destinen a proyectos reales, con relevancia, verdaderamente importantes, donde no se gaste en exceso, ni en cosas inútiles.
Sin embargo, este es el mundo teórico, ideal, pero a lo que nos enfrentamos es a políticos y contratistas que se vuelven millonarios instantáneos, presentando proyectos inútiles, que no se entregan nunca o se entregan a medias o con deficiencias, precios inflados, con empresas fantasmas, proyectos fantasma, productos fantasma y así fantasmalmente el dinero público se diluye, no se aplica para lo necesario, perdiendo toda la sociedad.
Los desfalcos en el gasto público nos roban a todos, porque todos, inclusive los que pertenecen a la economía informal, aportamos para la bolsa del presupuesto del Estado, hasta los aplaudidores del partido en el poder, por más que amen a sus líderes, deben poner en su mente que apoyan y le sonríen a quien los roba sistemáticamente.
Una manera de al menos exhibir las manos negras es la transparencia, en donde podamos conocer las declaraciones patrimoniales de los gobernantes y así sean evidente las discrepancias entre los sueldos que reciben y las fortunas que amasan, aunque de poco sirve evidenciar la existencia de propiedades millonarias inexplicables si no implica de inmediato abrir una investigación a fondo.
En México, el código penal determina que: “Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño..” este es un delito con carga de la prueba inversa, quiere decir que le toca al funcionario explicar su riqueza por lo que la presunción de inocencia aquí no los cubre, pero son indispensables denuncias, carpetas abiertas, buenas investigaciones y sentencias ejemplares.
