León, Gto., 1 de septiembre de 2021.- En lo que va del periodo de gobierno, por lo menos 7 servidores públicos tanto del ámbito municipal como estatal y recientemente del poder legislativo, han tenido señalamientos y enfrentan procesos penales iniciados por actos relacionados con corrupción o abuso de autoridad.
El caso más reciente es el del diputado federal electo, Jorge “N” quien fue vinculado a proceso por el presunto delito de violación, denunciado por una joven ante la Fiscalía General del Estado luego de presuntamente haber sido agredida. El imputado enfrentará el juicio tras la medida cautelar dictada.
En agosto del año en curso, dio inicio el proceso penal en contra de Jorge Gallo quien fungía como director de Transporte del Estado de Guanajuato por el delito de Cohecho, por presuntamente solicitar “Moches” con valor aproximado de 200 mil pesos para otorgar permisos de operación a Taxis Ejecutivos.
El 9 del mismo mes, Marco Antonio “N”, Jefe de la Unidad de investigación de Homicidios en la Fiscalía regional D, con sede en San Miguel de Allende fue vinculado a proceso por el delito de peculado, ya que presuntamente el funcionario se quedaba con los vehículos incautados o asegurados, para después venderlos.
Le antecedió en julio de 2021 la destitución de Raúl Rojas Hernández como director del Hospital Pediátrico de León, luego de que cuatro trabajadoras lo acusaron por hostigamiento sexual. Motivo por el cual la secretaria de Salud acató las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, presentando una disculpa pública para las víctimas y accediendo a la solicitud para la remoción de su cargo.
El 1 de julio del mismo año, el director de Desarrollo Institucional del Municipio de León José Alberto Martínez Aguayo fue separado de su cargo tras la denuncia de mas de 25 mujeres por acoso laboral y sexual, esto luego de que la dirección del Instituto de la Mujer diera seguimiento a las denuncias que en un primer momento fueron presentadas por las colaboradoras.
El 24 de febrero de 2021 se dio a conocer que Manuel Acosta Gómez, subdirector de Transparencia y Gestión del Instituto Municipal de la Vivienda de León (IMUVI) fue destituido por denuncias de acoso laboral contra dos subordinadas, el despido se dio a raíz de la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien lo encontró responsable de violar el derecho al trabajo digno, en la vertiente de acoso laboral.
En mayo del 2020, Antonio Arredondo ex subsecretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato renunció a su cargo, luego de que la Auditoria Superior inició una investigación por irregularidades en al menos 65 contrataciones con valor de 184 millones de pesos por compras y contrataciones durante su gestión como presidente municipal de Salamanca del 2015 al 2018, investigaciones de las que hasta el momento no se han iniciado acciones administrativas o alguna denuncia de carácter penal en su contra.
