León, Gto., 17 de enero.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió durante 2019, 35 Recomendaciones por 7 casos de desaparición forzada de personas, violación a los derechos humanos que se califica como grave.
De este total, fueron 17 para Celaya, 9 para Comonfort y 9 para Cortazar, derivadas de hechos en los que participaron elementos policíacos.
La resolución del organismo destinada a las autoridades municipales constituye por sí misma una forma de reparación, en virtud de que en ella se reconoce la grave violación a los derechos humanos cometida en agravio de los quejosos.
Este organismo notificó recientemente las resoluciones a las autoridades involucradas en los hechos.
DESAPARICIÓN FORZADA ES UNA VIOLACIÓN GRAVE
La desaparición forzada de personas es una violación grave de los derechos humanos, y por su lesividad ha sido considerada como una afrenta a toda la humanidad, que incluso en el derecho penal internacional ha sido considerada como un crimen de lesa humanidad.
Se define por tres elementos acumulativos: la privación de libertad contra la voluntad de la persona; la participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por consentimiento y la negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual México forma parte, considera que estos actos constituyen una afrenta y una grave ofensa a la dignidad de la persona y es una práctica contraria a los principios consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los Estados que forman parte de la Convención se deben comprometer a no practicar, permitir o tolerar estas acciones; sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este delito; prevenir, sancionar y erradicar este tipo de hechos y tomar medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial y de cualquier índole que contribuyan a eliminar su práctica.
AGILIZAR TRABAJO LEGISLATIVO EN LA MATERIA
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha participado en la Mesa de Trabajo que convoco el año pasado el Congreso del Estado para el análisis de las iniciativas en materia de víctimas, desaparición forzada y declaración especial de ausencia.
Entre algunos aspectos que el organismo señaló para la reflexión y discusión parlamentaria, fue la necesidad de que la legislación local contenga expresamente lo establecido en la Ley General, como es lo relativo a la efectividad y exhaustividad; la debida diligencia; el enfoque diferencial y especializado; el enfoque humanitario; gratuidad; igualdad y no discriminación; interés superior de la niñez; máxima protección; no revictimización; participación conjunta; perspectiva de género; presunción de vida y verdad.
Así como la creación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, bajo un organismo colegiado como lo es el Sistema Nacional establecido en la Ley General en sus artículos 44 y 45.
ATENCIÓN A QUEJAS DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS
Por otra parte, es importante señalar la necesidad de instrumentar políticas públicas encaminadas a la búsqueda e identificación con el objetivo de garantizar la verdad, la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición.
En este sentido, el organismo reconoce el anuncio realizado este jueves por las autoridades estatales, colectivos y defensores de derechos humanos así como por familiares de las víctimas para avanzar en la construcción de mecanismos encaminados al propósito arriba señalado.
Además la Oficina del Ombudsperson guanajuatense se mantendrá atenta a los alcances de los acuerdos anunciados y atenderá a los familiares de las víctimas que consideren que por actos de acción u omisión de las autoridades, se hayan vulnerado sus derechos humanos.
Finalmente, según las últimas cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Búsqueda del gobierno federal hasta el pasado 31 de diciembre de 2019, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas era de 61 mil 637 personas no localizadas y 85 mil 396 localizadas, siendo un total de 147 mil 33 personas
