León Guanajuato a 8 de Octubre.-Sin que sea monopolio de ningún partido ni nivel de gobierno, cada que hablamos de seguridad y de la respuesta del Estado como organización política a este fenómeno, es ineludible, y diría que prácticamente es la única respuesta; que el poder legislativo (federal, estatal o municipal, en lo que toca al cabildo), proponga aumentar las penas para estas conductas.
Hemos llegado a penas que, de cumplirse, equivaldrían a cadena perpetua, no dudo que en una visión clasica penal y criminológica, se comparta la postura de que existen criminales incorregibles, que deben ser alejados de la sociedad para evitar un daño mayor, el problema desde mi perspectiva estriba, en el poco éxito que el castigo, la pena, tienen como medida disuasoria.
Cifras publicadas por las instancias de procuración de justicia a nivel federal o local, hablan de que solo conocemos en las denuncias 1 de cada 10 delitos que ocurren en las calles, y que de esos delitos que si se denuncian, solo el 3% son judicializados, es decir, en 3% se encuentran datos de prueba suficientes para que un juez conozca de los hechos y se de inicio al proceso penal (en Guanajuato se judicializaron el 9% de las carpetas de investigación); pero aun falta mas, de ese 3% judicializado, que ahora convertiriamos en un 100% para efectos de ilustración, solo el 3% nuevamente sera sancionado con una sentencia de un juez.
Las diferencias entre las cifras es lo que se conoce como impunidad, es la brecha entre lo denunciado y lo castigado, y ello afecta la percepción de seguridad de la sociedad, pues fomenta la idea de que no hay castigo para los delicuentes, ademas de hacer patente que la pena como medida disuasoria, no cumple con sus objetivos.
En los ultimos años, con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, se ha buscado una nueva forma de buscar justicia, con medios alternos, reparación del daño, que aumente la sensación de justicia y disminuya la de impunidad, sin embargo, cada que nuevos eventos de alto impacto suceden, es ineludible que se busquen respuestas de la autoridad, y una de las mas socorridas es aumentar las penas o aumentar los delitos bajo los cuales las personas permanezcan en prisión durante el proceso; el año pasado se aumento el catalogo de estos delitos, y hoy esta de nuevo la iniciativa de seguir aumentando ese listado; el problema es que algo que deberia ser una medida excepcional, se volvera la regla, mas personas estaran detenidas durante el proceso, sin que ello implique que hayan sido responsables de los delitos que se les acusa, acabando con su presunción de inocencia y aumentando la presión al sistema penitenciario, pues mas presos implican mas gasto y mas medidas de seguridad en esos centros.
Muchas personas pueden opinar: “¿pero que otra medidad hay, sino es castigarlos?”, lo cual suena lógico, el problema es que los cambios legales que hemos hecho no demuestran que la pena sea disuasoria, cada reforma que se hace no soporta la prueba del ácido: menos delitos o mas castigo a los delincuentes; y nos empeñamos en seguir en ese camino, a pesar de no contar con un solo dato que evidencie que es la mejor opción.
Nos negamos a intentar nuevas vías, con argumentos falaces, “no ayuda”, “no se ha probado”, “necesitamos algo de corto plazo”, argumentos sin sustento cuando hay buenas prácticas a nivel internacional sobre modelos preventivos y de atención a grupos de riesgo específicos: jovenes, pandillas, adictos, mujeres violentadas por mencionar algunos; ciudades mas seguras son posibles, si atendieramos lo importante y no solo lo urgente, y si las normas se revisarán con mas largo aliento y no solo para reaccionar a lo inmediato.
