El caso de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de PEMEX, exhibe el límite del sistema penal frente a la violencia contra las mujeres. Hay videos. Hay audios. Hay denuncia por violencia familiar y vicaria. El imputado está en prisión preventiva.
El pasado 13 de julio se hizo público que su esposa otorgó el perdón, con el objetivo de que el acusado pudiera llevar el proceso en libertad. El juez dará continuidad al proceso de oficio, Rodríguez Padilla seguirá en prisión. El perdón se presentó en un contexto donde el poder económico, político y familiar del acusado es un factor determinante.
En tanto, entre el 10 y el 11 de julio, medios estatales de Guanajuato publicaron una entrevista con Itzel Balderas, secretaria de las Mujeres de Guanajuato. En ella, la funcionaria declaró: “La erradicación de la violencia contra las mujeres no puede recaer únicamente en las instituciones, sino que exige transformaciones de fondo y participación activa de la sociedad”.
La secuencia de hechos es verificable. La entrevista a la secretaria circuló en la prensa local entre el 10 y el 11 de julio. El perdón en el caso Rodríguez Padilla —un tema de la agenda federal— se conoció el 13 de julio. Ambas informaciones coincidieron la misma semana en la discusión pública.
Es necesario precisar: no se trata de vincular jurídicamente lo ocurrido en la ciudad de México con la política pública de Guanajuato. Se trata de observar el patrón. Mientras en medios estatales se planteaba que la responsabilidad “no recae únicamente en las instituciones”, la agenda nacional mostraba los límites que enfrentan las mujeres para sostener una denuncia, incluso con pruebas documentales y atención pública.
En Guanajuato, la fiscalía general del Estado registró más 13,847 carpetas de investigación por violencia familiar durante 2025. El Instituto para las Mujeres Guanajuatenses reporta dos refugios estatales operando. Organizaciones civiles documentan que el desistimiento y el otorgamiento del perdón son prácticas recurrentes en los procesos por violencia familiar. Las razones registradas: dependencia económica, pobreza patrimonial, amenazas y falta de medidas de protección efectivas, entre otras.
Cada vez que una mujer otorga el perdón a su agresor, quienes tendrían que pedir perdón somos nosotros como sistema. Pedirles perdón a ellas. A las mujeres que han vivido violencia. Porque este sistema no termina de reconocer las asimetrías. Porque en Guanajuato, nombrar lo estructural sin desmontarlo es administrar la violencia, no erradicarla.
El fondo es estructural. En el ámbito federal o en el estatal, el perdón aparece cuando no existen garantías de autonomía económica, protección real y acompañamiento jurídico gratuito para la víctima. La declaración de la secretaria Balderas, difundida en medios locales, nombra la corresponsabilidad social. Los hechos difundidos a nivel nacional la misma semana muestran la responsabilidad institucional pendiente.
También vale la pena agregar: hacer eventos masivos como los que ha estado organizando gobierno del Guanajuato para las mujeres no es promover participación civil, es llenar auditorios. La violencia no se acaba con aplausos. Se acaba con poder de decisión ejercido. Se acaba con políticas públicas. Se acaba con presupuesto. Se acaba con transversalización institucionalizada. Y ese poder lo tiene Balderas, no las ciudadanas. Nosotras no tenemos el poder que en su conjunto tiene hoy una titular de una dependencia convertida en secretaria.
En declaraciones públicas a propósito del asesinato de cuatro mujeres buscadoras en Guanajuato, la Secretaría de las Mujeres señaló que ante cualquier agresión “siempre hay una condena y una deuda del Estado”. La titular omite que ella encabeza esa instancia. Identificar las deudas, nombrarlas y asumirlas con plazos y responsables es competencia de la Secretaría. Cuando un servidor público reduce su respuesta al pésame o a la indignación, traslada la responsabilidad y evade su función ejecutiva.
La “transformación de fondo” requiere presupuesto etiquetado, personal capacitado y mecanismos de ejecución. Sin esos elementos, el llamado a la “participación activa de la sociedad” traslada la carga a las víctimas. El caso Rodríguez Padilla lo documentó a nivel nacional. Las carpetas de investigación y asesinatos de mujeres lo documentan a nivel estatal.
Mientras el Estado, a través de Itzel Balderas, nombra lo estructural sin intervenirlo, el perdón seguirá siendo la política pública no escrita. En lo federal y en lo local.
Posdata.
No puede haber distingos cuando hablamos de violentadores: hay violentadores. El caso de María Felicia Jiménez y Víctor Rodríguez Padilla lo prueba: poder público no es garantía de justicia paritaria. Es garantía de impunidad ampliada.
Y como si no fuera suficiente la realidad que tenemos en Guanajuato, ahora medimos agresores. Una diputada local en entrevista señaló a uno y disculpó a otro. Los medios le dan micrófono al que golpea y silencio a la que denuncia. Entender la violencia es identificar, en un ejercicio de mucha honestidad, que mientras haya categorías de agresor, habrá categorías de víctima. Y habrá perdones que no son perdón. Son rendición.
