León Guanajuato a 7 de agosto de 2021.- Por primera vez en la historia, el gobierno de un país presenta una demanda en contra de empresas fabricantes de armas en una corte de los Estados Unidos. El gobierno de Guanajuato debe apoyar este litigio del Gobierno Federal, en el entendido de que somos una de las entidades con mayor número de asesinatos dolosos.
Por muchos años, los gobiernos de México se quejaron del tráfico ilegal de armamento proveniente de los Estados Unidos, pero nunca había tomado la iniciativa de pedir un juicio en contra de fabricantes y traficantes de armas.
Son 10 de estas compañías las que están demandadas por sus prácticas negligentes en la falta de control de hacia quiénes se expenden sus cada vez más sofisticadas armas.
Además, en el expediente de la demanda se pide una indemnización o reparación de daño, como mínimo, por 10 mil millones de dólares, ya que de la Unión Americana proviene el 70 por ciento de las armas ilegales en nuestro país y son, en alguna medida, responsables de los homicidios cometidos con este tipo de armas.
Se estima que anualmente se introducen al país 240 mil armas distintas, además de los cartuchos útiles y artefactos explosivos como son granadas de mano y hasta lanzamisiles, con los que se puede derribar naves aéreas o hundir embarcaciones.
Por supuesto que las empresas fabricantes de armamento se defienden, amparados por la misma legislación norteamericana que no ha podido reformarse para prohibir estas prácticas también generadoras de masacres en Estados Unidos.
La impunidad es tal en ese país, que las empresas fabricantes salen bien libradas porque han financiado campañas electorales de los dos principales partidos políticos en EU, a través de organismos como la Asociación Nacional del Rifle (fundada en 1871), que defiende el derecho de posesión de armamento de la ciudadanía norteamericana.
Medios internacionales, sin dejar de lado los norteamericanos, han destacado esta noticia de la determinación del gobierno mexicano de interponer esta demanda. De que proceda o no, se marca un precedente para que otros gobiernos, incluso de entidades del país y particulares, hagan lo mismo.
De prosperar el litigio, que sabemos procede de la iniciativa del Ejecutivo Federal, sentaría un precedente, pero es algo que no les conviene a esas empresas que cuentan sus ganancias en billones de dólares, ya que México no es la única nación a la que “exportan”.
Los fabricantes de armas de EU utilizan a intermediarios para expandir sus ventas a otros países, que no son otra cosa que minoristas y mayoristas con licencias.
Los contrabandistas suelen reclutar a estadounidenses con antecedentes penales limpios para que compren varias armas a la vez, a menudo en diferentes tiendas, y luego cruzan la frontera con ellas.
Medios de prensa del país vecino, como el New York Times, por una parte destacan la noticia de la demanda mexicana, pero por otro lado critican al Gobierno Federal, en lugar de influir en que la demanda sea aceptada.
En su expediente, presentado en una corte de Massachusetts, el gobierno citó como ejemplo tres armas fabricadas por Colt que parecen estar enfocadas directamente a una audiencia mexicana con sobrenombres y temas en español.
Una de ellas es una edición especial de una pistola calibre .38 que tiene grabado el rostro de Emiliano Zapata y una cita que se le ha atribuido: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.
Los abogados de esa empresa argumentan que no existe legislación alguna que les prohíba incluir algún diseño o inscripción en especial.
Mientras las leyes en Estados Unidos permitan que esas empresas tengan el “sagrado” derecho de fabricar y vender armas, y por otro lado los ciudadanos estadounidenses el de comprar literalmente todo el armamento que deseen, seguiremos sufriendo las nefastas consecuencias.
Este tema es solo uno de los flancos que se deben enfrentar para abatir los altos índices de homicidios intencionales que ocurren en el país y más directamente en Guanajuato.
Otras formas de no sucumbir como sociedad ante los grupos criminales, son el ataque a sus estructuras económicas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, además de mermar sus estructuras organizacionales, con la detención de capos y de sus asesinos a sueldo.
No hay que hacernos tontos con pensar que el problema de violencia e inseguridad respecto al crimen organizado se puede terminar atacando el tráfico de drogas. Es indispensable desincentivar el consumo de parte de la sociedad, que afecta no solo a los adultos, sino cada vez más a jóvenes y niños.
El Estado mexicano (en todos sus órdenes) no puede eludir su responsabilidad de implementar políticas públicas de prevención y atención de adicciones. Pero los padres de familia debemos voltear hacia nuestros hijos para evitar que la carencia de amor sea llenada con drogas, armas y violencia.
