Entre 2009 y 2011, como parte de mi investigación para obtener el grado de Maestra en Política y Gestión Pública, indagué un momento clave de nuestra historia reciente: la llegada del PAN al gobierno de Guanajuato y su vínculo con la transición de un organismo electoral dependiente del gobierno a uno ciudadano.
Realicé entrevistas directas con los actores protagónicos de los hechos ocurridos entre 1991 y 1996, entre ellos Carlos Medina Plascencia, primer gobernador panista. A la distancia, los actores hablaron con otra libertad. Con la valentía y la claridad que el momento no permitía. Y al hablar con claridad, se desdibuja el mito de la alternancia democrática.
Lo que arroja la investigación, por voz de ellos mismos y por los hechos documentados, es contundente: el PAN que exigía democracia en las calles —el mismo partido encabezado entonces por Clouthier y hoy por Jorge Romero— no tuvo empacho en ser parte del acuerdo.
Llegó al poder por la vía de una concertacesión, como fue llamada entonces, y cuya traducción en el argot político es: acuerdo debajo de la mesa.
En estos días se cumple un aniversario más de aquella llegada. A más de tres décadas, no se trata de pasar factura, sino de hacer memoria viva, y por ello, a manera de conmemoración, reproduzco aquí parte de aquella investigación[i].
(…) Teniendo como antecedente la cuestionada elección federal de 1988, a mediados de 1991 y con un escenario electoral competido que anunciaba la necesidad de un claro, imparcial y legal desempeño de la Comisión Estatal Electoral, el entonces empresario y presidente de la CONCANACO, Hugo Villalobos, señalaba: “El próximo 18 de agosto en el estado, el gobierno tiene la obligación de mantener la transparencia de la voluntad ciudadana con respeto y reflejada plenamente […] en nuestro estado hay las condiciones de desarrollo de una madurez que si había de escribirse en algún lugar, es en Guanajuato, donde puede comenzarse a leer el prólogo”.
En medio de la ebullición electoral y como respuesta a la reiterada demanda de los actores sociales sobre el respeto a la voluntad ciudadana en la elección en la que los guanajuatenses elegirían al sucesor de Rafael Corrales Ayala, éste se comprometió públicamente a garantizar unas elecciones limpias, respetuosas y de resultados transparentes. En su sexto y último informe de gobierno reconoció: “No pocos agoreros del fatalismo dicen o indican que Guanajuato está en el ojo del huracán y en lo que respecta a las elecciones locales y federales, el próximo 18 de agosto hay que encender luces rojas. Tengo fe en que mi estado natal saldrá airoso (…).
El reconocimiento del gobierno de una de las competencias electorales más reñidas de la historia política guanajuatense, con los contendientes de las principales fuerzas políticas del estado —del PRI, Ramón Aguirre, ex regente capitalino y priista a la vieja usanza; el panista Vicente Fox Quesada, polémico ex diputado federal y empresario, y el perredista Porfirio Muñoz Ledo, el guanajuatense “avecindado por derecho de sangre”— se expresaba de forma reiterada en frecuentes llamadas a la cordura: “no pocas heridas de bala cicatrizan, las de lengua, casi nunca, y al día siguiente de las elecciones, todos necesitaremos de todos para el buen gobierno de la entidad”, recalcaba, como premonición, Corrales Ayala.
Una porción de la ciudadanía, de forma inédita, tomó parte protagónica, y a través de sus organismos hizo lo propio para exigir respeto al resultado electoral: “Exhortamos a aquellos ciudadanos que hayan sido designados por los organismos electorales correspondientes, para integrar directivas de casilla, a cumplir puntualmente su encomienda y asegurar que la instalación de las 3 mil 858 que habrán de recoger el voto ciudadano guanajuatense, queden instaladas en tiempo y forma, garantizando los altos propósitos que persiguen la jornada y el proceso que hoy viviremos…” Los firmantes eran colegios, asociaciones de profesionistas, organismos electorales, grupos de servicio y miembros de la Sociedad Civil.
Guanajuato se encontraba en un trance único en su historia política, habiendo acaparado la atención de todos por la proximidad de una competida elección, quizá más que la desarrollada en el vecino estado de San Luis Potosí y mucho más que en Querétaro donde también se aproximaba el cambio de gobernador.
Para la elección dominical del 18 de agosto había 1 millón 651 mil 405 guanajuatenses con credencial de elector, pero considerando que el censo de 1990 reportaba 2 millones 115 mil 642 hombres y mujeres mayores de 18 años, se quedaron al margen de su derecho a votar 464 mil 237. La elección sería determinada por una mayoría muy relativa, considerando, además, el abstencionismo que se temía volviera a presentarse, pues se arrastraba debido al histórico desencanto electoral.
Esa tendencia hacia el cierre de la competencia se fortalecía por las campañas mismas. Prevaleció el dispendio de recursos económicos, el clientelismo político evidente en las movilizaciones, el uso de las estructuras y programas estatales, las descalificaciones mutuas, la duda constante –y no en vano anticipada– sobre el desempeño de la Comisión Estatal Electoral a favor del “candidato de Estado” y el llamado social permanente a la cordura.
La jornada electoral se llevó a cabo con relativa tranquilidad, salvo incidentes menores. Así fue reportado por el presidente de la Comisión Estatal Electoral, José Aben Amar González. En las primeras horas del lunes comenzaron los llamados de los candidatos, proclamándose ganadores. Y con ello el inicio de una jornada de júbilo, descalificación de grupos y confusión social. El primer partido que dio el albazo fue el PRI, anunciando una abrumadora ventaja de Ramón Aguirre sobre el resto de los contrincantes, “…con una tendencia favorable e irreversible del 58 por ciento de los votos emitidos en poco más del 80 por ciento de las casillas y sin desplantes triunfalistas debemos de reconocer que el triunfo fue de los ciudadanos…”
En medio del caos un punto relevante fue la participación ciudadana, la notable afluencia de los votantes. El conteo parcial ofrecido por la Comisión Estatal Electoral el día posterior a la elección, no obstante tratarse apenas de poco más de la mitad de las actas levantadas de las mesas directivas de casilla, alcanzaba los 626 mil sufragios depositados a favor de todos los partidos contendientes. En el “búnker” priista el nerviosismo por el retraso acrecentaba la duda sobre la legalidad y legitimidad del candidato que se pretendía imponer a costa de lo que fuera, al mismo tiempo que al interior del partido se presagiaba la intromisión del “centro” representado por la Secretaría de Gobernación.
Lo que fue una realidad es que la intensidad de la presencia ciudadana en el proceso electoral benefició sobre todo a dos partidos políticos: el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, instaurándose de golpe un bipartidismo inédito en la entidad.
(…)
Luego de concluir a las 3:30 de la madrugada del 1 de septiembre la sesión que había iniciado el viernes 29, el Congreso del Estado, erigido en Colegio Electoral y presidido por el diputado pedemista Ramón Torres Robles, declaró gobernador interino, por nueve votos a favor y seis en contra, a Carlos Medina Plascencia, quien debería asumir el cargo a partir del 26 de septiembre. Asistieron 15 miembros de la LIV Legislatura: los seis diputados del PAN, quienes votaron a favor del dictamen junto con el pedemista, el independiente y un priista, y los seis que votaron en contra, el parmista y cinco de los diputados priistas que asistieron, de un total de 19 que integraban la fracción tricolor.
Pese a la resistencia de algunos priistas, e incluso de ex panistas y militantes de otros partidos políticos –excepto el PAN–, para defender “la voluntad popular que favorecía a Ramón Aguirre” y a sus intentos por dar revés a la decisión política de “El Centro”, y con ello la pérdida de la posición de poder político más importante del estado, Carlos Medina tomó posesión del cargo.
A 17 años de distancia, Carlos Medina refiere la explicación política de la decisión:
“Yo creo que el objetivo era resolver un enredo que se ideó para destrabar un anquilosado, añejo y viciado sistema de elecciones, fue el último proceso electoral que lo condujo el gobierno para elegir gobernador, yo no justifico la decisión política que se dio a un problema que se generó a partir de que aparecieran decenas de miles de boletas más para gobernador que para senador, siendo que son el mismo número de sufragantes (…) El liderazgo de Vicente Fox fue fundamental, me parece también que a tres años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari el PAN había tenido contribuciones importantes como para agraviar al PAN con esta situación, donde el PAN estaba apostando todo por Guanajuato y por San Luis Potosí, la decisión de aceptar este tipo de negociaciones o soluciones políticas la aceptaron quienes estaban directamente involucrados en Guanajuato y no yo (…) No la aceptaron en San Luis Potosí, allá la solución era algo similar, pero allá no aceptaron… La solución para Guanajuato era complicada, polémica porque era increíble pensar una solución de éstas sin el acuerdo del Presidente de la República, por eso si esto se pudo hacer fue por resolver ese problema que no manchara el proceso electoral del 91 porque eran los primeros tres años, de reivindicación… Vicente Fox me plantea este asunto del interinato, él me levanta la mano –aunque él nunca lo ha aceptado públicamente– lo preví como un interinato para dos años, tiempo necesario para las reformas que debían hacerse y en eso fui puntual con Carlos Salinas… no estaba considerando en ese momento otros aspectos políticos como la participación nuevamente de Fox, en ese sentido no intuí que Carlos Salinas estaba dispuesto a impedirlo como fuera… a distancia me queda claro que Salinas sabía que el interinato debería terminar al terminar él su mandato… No me dieron garantías, el acuerdo fue con Salinas de una reforma a fondo y al interior del partido con Diego y Fox… así le entré con las condiciones de tener un Congreso de mayoría –comandado por Carlos Chaurand– y secretario de Gobierno –Salvador Rocha Díaz– priistas… ese era el acuerdo que cambió mi aspiración de terminar la alcaldía y retirarme de los cargos públicos (…)”
No ganó Fox, como él y su grupo lo preveían, pero sí ganó el PAN y así llegó al gobierno de Guanajuato, con la promesa inicial del gobernador interino de, “en un lapso promedio de año y medio o dos, convocaré a elecciones extraordinarias para que los ciudadanos elijan a su representante por medio del sufragio”. Compromiso que refrendó en el acto de despedida de la alcaldía de León, que hasta ese momento desempeñaba: “En lo cuestionable de los procesos electorales, el gobierno interino se propone luchar contra lo que sea, para que llegado el momento en Guanajuato celebremos las elecciones más civilizadas e incuestionables… Yo no pedí el honroso puesto, no tengo resentimientos, ni odios, sí mucha fe (…) “.
Más de tres décadas después, el mito sigue vivo. Nos dijeron que había llegado la democracia por la vía ciudadana. Lo que llegó fue un acuerdo. Y ese origen pactado explica muchas de las inercias que hoy persisten: la simulación democrática, el uso patrimonial del poder y la idea de que Guanajuato es una plaza heredada.
Recordarlo no es revancha. Es memoria.
[i] La ciudadanización y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (2011).
