Los retos que enfrentará el próximo gobierno federal son inmensos, por los problemas que como mexicanos debemos atender y por las enormes expectativas generadas respecto a un cambio en la manera de generar el ansiado desarrollo económico. Desde luego que para instrumentar muchas de las cosas que se deben realizar se requieren recursos y es por ello que el equipo del presidente electo se ha dado a la tarea de buscar la manera de generar ahorros en diversos rubros del presupuesto de egresos.
Por el discurso que hemos escuchado, el próximo gobierno federal no pretende hacer uso exhaustivo de la deuda pública para financiar los gastos adicionales que se pretenden realizar, y eso está muy bien, dado que el margen que tendrá el próximo gobierno para endeudarse, sin ocasionar una baja en la calificación de la deuda soberana o sin comprometer la estabilidad de las variables macroeconómicas es muy limitado, como veremos a continuación.
Durante lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, en el periodo de diciembre de 2012 a junio de 2018, la deuda neta total del sector público federal pasó de 5.352 billones de pesos a 10.578 billones de pesos, lo que implica un aumento de 5.225 billones, equivalentes a un incremento de 97.7%. Esto implica que en menos de un sexenio, México se endeudó por una cantidad equivalente al saldo de deuda que tenía acumulado en su historia moderna. La cantidad es difícil de comprender, pero representa ¡un incremento de 2,603 millones de pesos diarios!, una cantidad mayor a la del presupuesto anual de egresos de una ciudad mediana-grande de nuestro país.
De manera paralela, el Producto Interno Bruto (PIB) nominal de nuestro país pasó de 16.376 billones en el cuarto trimestre de 2012 a 22.513 billones en el primer trimestre de 2018, por lo que el saldo de la deuda neta del sector público pasó de representar el 32.7% a ser de 47.0% del PIB. Este último porcentaje se considera como el límite máximo de endeudamiento antes de que se prendan focos rojos respecto a nuestra posición fiscal.
Al analizar la evolución de la deuda del sector público con mayor detalle, vemos que la deuda interna neta pasó de 3.769 billones de pesos en diciembre de 2012 a 6.606 billones en junio de 2018, lo que implica un aumento de 75.2%, mientras que la deuda externa neta pasó de 121.659 miles de millones de dólares en diciembre de 2012 a 198.057 miles de millones de dólares en junio de 2018, lo que implica un incremento de 62.8%. Este porcentaje se hace mucho más grande cuando expresamos esta deuda en pesos por la depreciación que sufrió nuestra moneda frente al dólar en el periodo.
Respecto a este último punto se debe destacar que el enorme incremento en el saldo de la deuda externa nos pone en una posición muy delicada, ya que la perspectiva casi unánime de los analistas es de que las tasas de interés en los Estados Unidos seguirán aumentando, y eventualmente la tasa de fondos federales del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), que sirve como tasa de referencia para muchos de los créditos que se otorgan en dólares, podría llegar a niveles de 3.0% en el 2019, desde el actual rango de 1.75% a 2.0%.
Otro punto que se debe destacar es que el gobierno federal nos habla constantemente de su “disciplina fiscal” al mencionar en su discurso que se mantiene un superávit primario en las finanzas públicas. Pero la realidad es que la mayoría de las personas no saben lo que es un superávit primario, y al escuchar la palabra superávit se quedan con la idea de que el gobierno está haciendo bien las cosas en materia de finanzas públicas, pero no es así. Un superávit primario se refiere a que sin tomar en cuenta el costo financiero de la deuda (el pago de intereses), el gobierno recauda más de lo que gasta. Pero la realidad es que en el balance total, cuando se considera el gasto por intereses que el sector público debe realizar, nos estamos endeudando más y más cada año, y 2018 no es la excepción.
Al cierre de diciembre de 2017, la deuda neta del sector público federal fue de 10.090 billones de pesos, y como ya se mencionó líneas arriba, el saldo de dicha deuda a junio de 2018 fue de 10.578 billones de pesos, lo que indica que en los primeros 6 meses de 2018, la deuda del sector público se incrementó en 488 mil millones de pesos. De continuar esta tendencia, veremos que al cierre de 2018 la deuda del sector público mexicano se elevará en este año en casi otro billón de pesos.
Esto evidentemente limita las posibilidades de endeudamiento del próximo gobierno federal, ya que el tener un saldo de la deuda pública mayor a un 50% del PIB eleva considerablemente las probabilidades de que las agencias calificadoras de la deuda nos bajen la calificación en perjuicio del costo financiero de ésta, el cual abordo a continuación.
Queda claro que el escenario para las finanzas públicas de nuestro país es complejo, ya que como se ha mencionado, las tasas de interés en los Estados Unidos han venido aumentando, y en México la situación es aun peor. En México hemos vivido un apretón monetario por parte del Banco de México desde diciembre de 2015 y esto se ha visto reflejado en un alza en los Cetes a 28 días, los cuales pasaron de 3.14% en diciembre de 2015 a 7.64% en junio de 2018. Este incremento en tasas de interés nacionales y extranjeras, aunado al explosivo crecimiento en el saldo de la deuda, ha provocado que el costo financiero de la deuda del sector público se haya disparado en perjuicio de otros rubros de gasto como el de la inversión directa.
En 2012 el costo financiero de la deuda fue de 305.118 miles de millones de pesos y en 2017 fue de 533.115 miles de millones de pesos, lo que representa un aumento de 74.7%. En los primeros seis meses de 2018 dicho costo fue de 331.735 miles de millones de pesos y se espera que al cierre de este año llegue a más de 700 mil millones de pesos. Esto implica que el costo financiero de la deuda pasó de representar el 7.78% del presupuesto total de egresos del sector público federal a ser del 10.29% de dicho presupuesto, y se espera que para este año supere el 12.0%. Esto sin duda pone al nuevo gobierno federal en una situación delicada porque compromete de manera importante sus recursos que podrían destinarse a programas de generación de empleo, infraestructura, combate a la pobreza, educación, seguridad, entre otros.
Lo más grave es que de manera paralela, el gasto de inversión física directa ha venido retrocediendo en términos nominales y reales. En 2012 dicho gasto fue de 459.012 miles de millones de pesos y en 2017 sumó apenas 323.515 miles de millones de pesos, lo que representa una caída de 29.5% en términos nominales y de casi 50% en términos reales en el periodo. Es así que en 2017, el costo financiero de la deuda fue superior a la inversión física directa del sector público en más de 200 mil millones de pesos.
Un país que gasta más en pagar los intereses de su deuda que en desarrollar la infraestructura nacional, está destinado a perder competitividad, y lamentablemente vemos que eso es lo que ha sucedido en nuestro país por la falta de desarrollo del capital físico por estar pagando los intereses de una creciente deuda pública.
No obstante este complicado panorama el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en reiteradas ocasiones que no se contemplan alzas de impuestos y que se realizará un enorme esfuerzo por disminuir el gasto público suntuario, se disminuirá la nómina, se fusionarán programas repetidos, entre otras medidas. Por otra parte, habla de un importante plan de desarrollo de infraestructura, en el que destaca el proyecto del Tren del Sureste.
Aquí el gran riesgo es que a López Obrador no le alcancen los ahorros para hacer todo lo que quiere y que entonces se vea tentado a continuar con el irresponsable ritmo de endeudamiento que hemos vivido en el actual sexenio. Sin duda es una situación injusta para él y su equipo, y es por ello que la iniciativa privada se debe sumar realizando un análisis y propuestas para ayudarlo a él y a su equipo a encontrar las áreas en las que se pueden generar más ahorros, si no lo hacemos en el mediano plazo nos estaremos lamentando al ver como el monto de la deuda pública rebasa el 50% del PIB y como esto nos afecta al afectarse negativamente nuestra calificación de la deuda, las tasas de interés y el tipo de cambio, lo que a su vez impactará negativamente a las posibilidades de crecimiento económico y creación de empleos. Sin duda López Obrador y su equipo no la tienen fácil, hay que ayudarles.
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