Ante la incapacidad de los tres órdenes de gobierno para cumplir con el Artículo 21 constitucional, de brindar la seguridad pública a la población, los ciudadanos debemos de invertir casi dos mil 600 pesos, por cabeza, en medidas de autoprotección.
Ese monto solo representa el 33% del total de gasto como consecuencia de la inseguridad, es decir de 7 mil 155 pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.
Hablamos de un promedio, porque el gasto real dependerá de las circunstancias particulares, unos más, otros menos.
No somos el único país en el mundo que tiene esos activos y pasivos como parte de sus contabilidades, ya sea en personas físicas como en morales, como dirían los que saben de hacienda y finanzas.
Lo grave es que, de pronto, gastos como el cobro de piso se conviertan en algo inherente a nuestra organización socioeconómica, lo que ha ido pasando cada vez más como les contaré más adelante.
No es algo nuevo lo que recientemente se dio a conocer respecto del costo para las empresas del país, en materia de inseguridad y delitos. Hablamos de la friolera de 120 mil millones de pesos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, en este caso llamada ENVE.
Sería solamente una cifra que nos parezca alta, pero el parámetro es que representa el 0.67% del PIB, a la que se le debe de sumar la inversión en medidas de prevención, que fue de casi 70 mil millones de pesos.
En el primer rubro se debe de inscribir lo que significó para cada empresa mermas por causa de robo, extorsión (incluyendo el cobro de piso) y daños, entre otros, en los que se agrega la corrupción relacionada con la seguridad, es decir, el pago a las autoridades para que hicieran su trabajo, lo que es deplorable.
Hace años, un amigo funcionario me contó de cierto que, para hacer una obra pública en una colonia no tan periférica pero sí popular, los jefes de una pandilla se acercaron con ellos para cobrarles “la seguridad y protección” en contra de cualquier intento de robo de materiales.
Parecerá inaudito, pero finalmente accedieron a pagarles una cantidad semanal para ello, porque ni siquiera contar con seguridad privada les hubiera significado evitar los robos o el vandalismo y tampoco podían tener día y noche a policías municipales.
La pandilla tenía su propia logística de vigilancia, al grado que más de una vez les mostraron a presuntos ladrones a los que detuvieron y golpearon, por pretender el hurto de los insumos.
Obviamente que eso quedó atrás porque ahora son grupos criminales los que controlan el delito y materialmente eliminaron o se anexaron a esas pandillas, como vemos todos los días con los homicidios dolosos.
De todo eso podemos decir que una cosa es la percepción de inseguridad y otra es la victimización directa, pero las dos están relacionadas. Si a mi compadre lo robaron o trataron de extorsionar en su negocio, el miedo a que me pase lo mismo es mayor.
El ENVE informa que en 2020 todos los datos fueron menores que los del 2021, por efecto de la pandemia del coronavirus claro, pero mayores a los que se registraron en 2019 cuando no se presentaba la crisis de salud que nos golpeó a todos, de una forma u otra.
Nos falta platicar de lo que representa la cifra negra del ENVE, que se estima en 91.5%, de estos actos que no se denunciaron o de los que no se inició una carpeta de investigación.
Lo que podemos preguntarnos como conclusión es: en qué grado es conveniente invertir en la autoprotección y lo que recomiendo es que no podemos escatimar en ello, y en nuestra mayor posibilidad debemos de hacerlo, me refiero a todas las medidas de prevención, en nuestras casas y negocios.
En lo que no estoy de acuerdo es en pagar extorsiones a los malditos criminales. Busquemos todas las formas de prevenirlo y, en su caso, denunciar de inmediato y exigir a las autoridades que trabajen en ello, lo que es su obligación constitucional
