El incremento en los delitos de alto impacto, especialmente el de los homicidios dolosos, relacionados con los supuestos ajustes de cuentas o guerra por las plazas de los grupos criminales, es un fenómeno criminológico que trae muchas consecuencias colaterales en la sociedad civil.
Es de todos sabido que Guanajuato ocupa los primeros lugares en el país no solo en números totales, sino en índices, es decir una mayor cantidad de asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes.
En León, la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reconoció un incremento de 143 por ciento más de homicidios de ese tipo en el primer trimestre de 2020, con respecto al mismo lapso de 2019.
Sin embargo, la incidencia de estos delitos ha alcanzado cifras escandalosas al instalarse casi un promedio de 70 por mes en el siguiente trimestre de este año, o sea 2.3 asesinatos por día.
¿Qué representan estos hechos y cuáles son las consecuencias colaterales, por así llamarlas? Significa que seguramente existe una mayor presencia de células de distintos grupos criminales que se disputan el tráfico de las drogas.
Los efectos aledaños al aumento de los homicidios dolosos son perceptibles en la sociedad: cada vez es más frecuente que amigos o familiares comenten, con miedo, que escuchan balaceras cerca de sus casas y, en el peor de los casos, que fueron testigos de algún ataque.
No solo mueren personas que pudieron haber estado relacionadas con el tráfico de drogas, sino que mueren inocentes porque los sicarios matan también a familiares, incluyendo niños y bebés, o a terceros que “estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada”, en una sociedad con verdadera paz duradera no hay tiempo ni espacio equivocados.
La acción preventiva del gobierno en contra de las adicciones simple y sencillamente está suspendida so pretexto de la pandemia por el Covid-19. Abandonaron los programas de atención dejando a la deriva a niños, jóvenes y adultos.
En otros municipios del sur del estado o del corredor industrial, la situación ya es de terror por los ataques a negocios particulares y el asesinato de empresarios por no pagar derecho de piso o porque no se dejaron asaltar.
Uno de los mayores riesgos de la impunidad con que actúa la delincuencia organizada (aunque la autoridad no quiera aceptar esa característica o calificativo) es que el Estado pierda su poder de control y su capacidad de reacción, en detrimento de la seguridad y la paz públicas.
Entre los riesgos de la presencia y acción libres de los grupos delictivos, está la diversificación de sus actividades primordiales, y que no se conforman con las ganancias que dejan las drogas, sino que incurren en las extorsiones y los secuestros o en la desaparición forzada de personas.
¿Qué puede hacer la sociedad ante la inoperancia de las instancias de gobierno? 1. Exigir que el Estado cumpla con su obligación constitucional de brindar la seguridad pública a la ciudadanía. 2. Organizarse y participar en acciones para la autoprotección. 3. Exigir, como lo dijo el empresario Alejandro Martí hace 12 años, a los encargados de procurar la seguridad: ¡si no pueden, renuncien!
Pero como los responsables de la seguridad publica en el estado no van renunciar ni serán depuestos por el Ejecutivo del Estado o los ayuntamientos, en su caso, entonces se torna urgente que hagan su trabajo porque la sociedad hace el propio.
Ya se ha dicho en otras ocasiones, pero es menester repetirlo: la coordinación entre instancias es indispensable para usar las unidades de inteligencia policial; las policías municipales y la Secretaría de Seguridad Pública estatal deben hacer su trabajo preventivo.
Se debe solicitar la intervención de las instancias federales para desarticular a los grupos criminales y colaborar con ellas en todo momento.
Una vez que se han cometido los delitos, se debe tener la capacidad de reacción para perseguir a los criminales, con el uso de las tecnologías instaladas y las fiscalías deben de investigar, identificar y perseguir a delincuentes, bajo los debidos procesos y que los jueces tengan elementos para bloquear la puerta giratoria.
En las localidades del sur de la entidad, como la zona Laja-Bajío, se debe actuar para regresar la paz social y estado de Derecho; en León, se debe trabajar para prevenir los excesos del crimen que ya son comunes en esos municipios. Estamos a tiempo.
