En los recientes días se han intensificado las diferencias entre el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial. Una situación extraña para la historia política del país de los años recientes, pero no es extraña para el gobierno del presidente López Obrador que gusta de politizar temas y coyunturas.
La situación se ha agudizado y en algo habrá de terminar; por esa razón, es conveniente revisar los antecedentes para poder tomar alguna posición.
EL ÁNGULO PRESIDENCIAL
Durante los primeros años de la presente administración el presidente no realizó importantes cuestionamientos al Poder Judicial; por el contrario, se le vio cercano al presidente de la Suprema Corte: Arturo Zaldívar. Incluso, llegó a proponer que pudiera ser reelecto como presidente, pero la iniciativa no prosperó porque la ley no lo permite. A pesar de ello, existió un fuerte debate sobre el tema.
El movimiento que más llamó la atención fue la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora sin ofrecer mayores explicaciones. El presidente aceptó inmediatamente la renuncia y el senado comenzó el proceso para designar al nuevo ministro.
De los once ministros de la SCJN, el presidente ha propuesto a cuatro: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf. Ciertamente todavía no alcanzan a ser mayoría, pero ha señalado que se arrepiente de haber propuesto algunos de ellos.
En días recientes, el presidente ha realizado varias declaraciones en contra del Poder Judicial sobre corrupción, privilegios, de liberar a delincuentes y de llevar a cabo un golpe de estado técnico contra su gobierno.
De esta forma, la propuesta del Ejecutivo es que los ministros de la SCJN sean electos también por los ciudadanos para evitar la corrupción a su interior.
EL ÁNGULO DE LOS JUECES
Como se ha expuesto arriba, durante los primeros años de la presente administración no podemos citar mayores diferencias entre ambos poderes, en gran parte por la disposición abierta del ministro Zaldívar en la transformación del país.
La relación comienza a cambiar con el nombramiento de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las declaraciones y los gestos entre ambos poderes se reducen o prácticamente desaparecen. La anécdota del aniversario de la Constitución Mexicana fue muy comentada: hay una imagen donde en la presentación del presidente todos se ponen de pie, excepto la ministra Piña.
El Poder Judicial adquiere más protagonismo cuando comienza a resolver los distintos recursos presentados por la oposición e instancias en temas relacionados con la reforma energética, la Guardia Nacional, los temas de Seguridad Nacional de las obras de infraestructura y la reforma electoral. Prácticamente en todos los asuntos le dan un revés al presidente declarando la inconstitucionalidad de sus reformas legales.
Es necesario resaltar que algunos ministros se han distinguido por votar a favor de las reformas del presidente e incluso, han dado novedosos argumentos. Se trata de: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y en algunas ocasiones, Arturo Zaldívar.
A partir de los señalamientos del presidente, la sede de la SCJN fue tomado por manifestantes que solicitaban la renuncia de la ministra Piña y comenzaron a recolectar firmas para que los ministros fueran electos por los ciudadanos. Ante estos acontecimientos, no han existido pronunciamientos por parte de los ministros o jueces. Salvo el desliz que tuvo la ministra Piña al enviar un mensaje de Whastapp al presidente del Senado: Alejandro Armenta, quien consideró fue amenazado y amagó con demandarla.
De ahí en más, ministros y jueces se han mantenido en sus funciones sin entrar en una confrontación directa con el presidente ni han realizado algún pronunciamiento conjunto.
PRONÓSTICO
No se visualiza en el corto plazo que los ministros vayan a modificar su proceder en el tratamiento de los temas por resolver en la Suprema Corte. Tampoco que el presidente vaya a menguar sus ataques el Poder Judicial. A resumidas cuentas, ninguno de los poderes se habrá de someter haciendo valer cada uno sus facultades constitucionales.
En todo caso, lo que se visualiza a mediano plazo es que el presidente lleve estas propuestas a la campaña electoral de 2024 para convencer a los electores de conformar una mayoría suficiente en el Congreso y concretarlas. Así lo ha anunciado el propio presidente, el secretario de gobernación y militantes de su partido.
No suena descabellado considerando que el hábitat natural del presidente es la competencia electoral. Después del 4 de junio, en términos reales comenzará el proceso electoral por la presidencia de México y algunos de estos temas se mantendrán vivos para que los electores lo puedan definir en las urnas.
No deja de ser una apuesta arriesgada porque, aunque sus simpatizantes la respaldarán sin cuestionar y le darán una amplia difusión; también ha crecido el número de ciudadanos que se manifiestan descontentos con este proceder del presidente contra otras instituciones.
