Guanajuato, Gto., 20 de marzo de 2026.- Luego que la mayoría de Diputados en el Congreso de Guanajuato votaran en contra de regular los anexos, como propuso el legislador Alejandro Arias Ávila, éste comentó que dichos centros seguirán trabajando en el limbo jurídico y normativo.
Y es que hace casi un año, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, presentó una iniciativa para crear la Ley de Prevención, Tratamiento, Control de las Adicciones y Rehabilitación para regular dichos establecimientos, homologar los tratamientos y verificar que la cuotas que cobran no sean abusivas.
Sin embargo, el Congreso local decidió votar en contra de esta propuesta.
El respecto, Arias Ávila dijo que esos sitios para personas con problemas de alcoholismo y drogadicción “hoy funcionan en el limbo jurídico y normativo” y que, al no aprobarse la reforma que buscaba subsanar esa situación, “se manda mensaje muy negativo para las víctimas y los familiares de quienes han sido sujetos del irregular funcionamiento de los llamados anexos”.
No cuestionar la ausencia de regulación fue una de varias inconsistencias del proceso de análisis y dictaminación de la iniciativa de reforma a la Ley de Prevención, Tratamiento, Control de las Adicciones y Rehabilitación que expuso el coordinador del GPPRI para fundamentar por qué no respaldarían el sentido del dictamen.
Para el GPPRI, regular los llamados anexos “es una necesidad, debido a los abusos que ahí se comenten y son constantes”, indicó.
En ese tenor, Arias Ávila también expuso que el dictamen señala erróneamente que la reforma propuesta invade la competencia de la Federación, pero que “olvida que la regulación del control es una facultad compartida o concurrente con los estados”.
Recordó que “aunque COFEPRIS emite las normas oficiales, los estados ejercen su verificación y control mediante acuerdos de coordinación, por lo que el proyecto analizado no presenta esos visos de inconstitucionalidad como se pretende hacer ver”, y agregó que Ciudad de México, Aguascalientes y Chihuahua son entidades que cuentan ya con leyes vinculadas a la regulación de los “anexos”.
Al final de su intervención, el legislados subrayó que con el dictamen negativo no desaparece el problema que priva en esos sitios que operan de manera irregular y que, por el contrario, se mantiene y se agrava, además de adelantar que “en el PRI seguiremos pugnando por resolver esta problemática grave de nuestro estado”.
