Guanajuato, Gto., 27 de septiembre de 2025.- La diputada Ruth Tiscareño y el diputado Alejandro Arias coincidieron en que, por su incremento exponencial y la afectación a miles de familias, urge que el delito de extorsión sea atienda desde el ámbito legislativo, a partir de una Ley General.
La congresista se manifestó a favor de la Obvia Resolución de una Minuta Proyecto de Decreto de reforma constitucional para dar al Congreso de la Unión facultades para emitir una Ley General en esa materia, mientras que el coordinador del GPPRI habló a favor cuando se puso a votación.
Ambos dieron cifras para dimensionar el aumento de extorsiones, alarmantes, a fin de patentizar la necesidad de que se sometiera a votación en la 1ª sesión ordinaria del 1er Periodo Ordinario de Sesiones del 2do año de ejercicio constitucional de la LXVI Legislatura, como ocurrió.
Para Tiscareño Agoitia, la extorsión “dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema estructural que afecta a comerciantes, empresarios y familias en todo el país”, dijo después de exponer que, según datos de la Coparmex, “tan sólo en el primer semestre de 2025 se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión en México, un incremento del 83% en diez años”.
Por su parte, el diputado Alejandro Arias, tras anotar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) la cifra negra de la extorsión alcanza el 97%, también se refirió a la evolución de ese delito según casos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Sostuvo que, de acuerdo con el SESNSP, los casos de extorsión aumentaron un 45.3% en el primer semestre de 2025 en comparación con el sexenio anterior, y de enero a agosto de este año se abrieron más de 10 mil carpetas de investigación por extorsión a nivel nacional, lo que refleja la magnitud del problema en todo el país.
La también dirigente estatal del PRI subrayó que “esta reforma no es un simple trámite”, sino “un paso indispensable para dotar al Congreso de la Unión de la facultad constitucional para expedir una Ley General que unifique criterios, tipifique agravantes y sanciones, y establezca mecanismos de atención efectiva a víctimas, ofendidos y testigos”.
En tanto, al respecto, el coordinador de la fracción parlamentaria priista puntualizó que “por eso consideramos que es urgente tomar acciones legislativas en esta materia, otorgando un voto de confianza al orden federal para que, en su momento, expida una legislación general que atienda de manera integral las causas y consecuencias de estos crímenes”.
“Conscientes de que estas medidas forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, y de que contribuirán a los esfuerzos locales en este mismo sentido, estamos ciertos de que los beneficios aún en las circunstancias actuales merecen nuestra consideración”, completó.
Con la precisión, por parte de la congresista, de que se estará al pendiente de que la Ley General que se emita no deriva en más concentración de poder del gobierno federal.
“El PRI reconoce que la inseguridad no se resuelve con discursos, sino con instituciones fuertes y leyes bien hechas. Por eso respaldamos que se dé urgencia al análisis de esta Minuta, pero, al mismo tiempo, exigiremos que, cuando llegue la propuesta concreta de ley general, se respete la soberanía de las entidades y no se utilice para concentrar más poder en el oficialismo”, sostuvo.
