Guanajuato, Gto., 5 de noviembre de 2026.- Para evitar que los gobiernos estatal y municipales edifiquen obras públicas de bajo costo inicial que terminen generando gastos millonarios por reparaciones, deterioro prematuro o alto consumo de recursos, en el Congreso del Estado se presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma.
La propuesta, impulsada por las bancadas del PAN, el PRD y la diputada Luz Itzel Mendo González, busca obligar a que cualquier proyecto de infraestructura en la entidad incorpore criterios de sustentabilidad, durabilidad y eficiencia presupuestal desde su etapa de diseño.
El cambio sustancial de la iniciativa radica en evaluar el impacto financiero real de las obras. Actualmente, la planeación se enfoca principalmente en el costo de construcción; con la reforma, las autoridades deberán presupuestar y calcular el costo total de operación, conservación y mantenimiento durante toda la vida útil del proyecto.
Al presentar el dictamen en tribuna, la diputada Luz Itzel Mendo González advirtió que una inversión que parece económica en un principio suele derivar en pérdidas para el erario si requiere mantenimiento constante o si demanda un consumo excesivo de agua y energía eléctrica.
Entre las medidas técnicas que plantea la reforma destacan:
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Eficiencia hídrica y energética: Obligación de incorporar sistemas de captación de agua de lluvia y tecnologías para el ahorro de energía.
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Reutilización de insumos: Fomento al reciclaje de residuos de construcción y materiales en los proyectos donde técnicamente sea viable.
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Adaptación al territorio: Obligatoriedad de planear las obras respetando la disponibilidad de agua, el clima y la geografía específica de cada municipio.
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Gradualidad municipal: La Secretaría de Obra Pública del Estado emitirá lineamientos técnicos para que los municipios adopten estas reglas de acuerdo con su capacidad presupuestal y operativa.
La iniciativa busca frenar el desgaste de las finanzas públicas por infraestructura deficiente y garantizar que las construcciones estatales y municipales respondan a las condiciones climáticas de la región a largo plazo.
