Guanajuato, Gto., 27 de junio.- Con el fin de fortalecer las instituciones especializadas en la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Guanajuato, se aprobó el dictamen de las iniciativas propuestas por el Ejecutivo Estatal y el Grupo Parlamentario del PAN que establece la descentralización de la Procuraduría de Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.
Al hacer uso de la tribuna para hablar a favor de dicho dictamen, la diputada Cristina Márquez Alcalá, enfatizó en que “atender con una visión integral a los más pequeños y vulnerables, debe ser una prioridad del estado, y ello implica contar con organismos especializados en materia de infancia, que sean independientes y con atribuciones claramente determinadas”.
Precisó que la propuesta contempla la descentralización de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que pasa a formar parte de la administración pública estatal como organismo descentralizado, con autonomía técnica y personalidad y patrimonio propios, para centrarse en la restitución y protección de este sector de la población.
La Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contará con un cuerpo especializado de seguridad que se integrará por policías con un perfil de alta especialización en el tema de niñas, niños y adolescentes, que la apoyen de manera directa en el ejercicio de sus funciones.
“Estamos convencidos de que el fortalecimiento institucional es el camino correcto para conseguir los avances estructurales que demanda la sociedad, y así estaremos cumpliendo la encomienda legal de perfeccionar el marco jurídico del estado, con perspectiva de derechos humanos, empezando por los más básicos: libertad, igualdad y dignidad”, enfatizó.
En tanto, la diputada la diputada Katya Soto enfatizó que la separación de estructuras “permitirá el desarrollo y profesionalización de su personal a partir de los citados enfoques de especialización, y evitará que en una misma estructura concurran e incluso compitan dos tipos distintos de objetivos, prioridades y servicios que por su importancia requieren, al menos, de igual nivel de atención”.
“Cuando hablamos de protección integral, nos referimos a brindarle a niñas, niños y adolescentes atención médica y psicológica, seguimiento a las actividades académicas, al igual que a su entorno social, y la inclusión en las medidas de rehabilitación y asistencia, cuando así se requiera, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia”, dijo.
Cabe señalar que, en lo particular, la diputada Jéssica Cabal Ceballos formuló una reserva para adicionar un artículo noveno transitorio que establece plazos y acciones para la implementación de las reformas.
