León, Gto., 19 de octubre de 2026.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, acusó que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y el Gobierno del Estado incurren en un acto de persecución política, uso de violencia institucional y extralimitación de facultades, al revelar que, como parte de las revisiones extraordinarias a su administración, el órgano fiscalizador solicitó información sobre su vivienda particular, incluyendo los planos de la misma.
La alcaldesa señaló que este requerimiento vulnera los marcos legales de fiscalización y constituye una represalia tras su desvinculación política del Partido Acción Nacional (PAN).
Invasión de la esfera privada y extralimitación de la ASEG
Durante entrevista con medios de comunicación, Gutiérrez Campos sostuvo que la solicitud de documentación personal excede las atribuciones constitucionales y normativas de los organismos fiscalizadores estatales.
«La auditoría y la ley son muy claras: solamente puedes pedir lo que es parte de la auditoría. Que te pidan hasta los planos de tu casa ya es ilegal y eso ya es violencia política y persecución personal», aseveró la edilesa.
La alcaldesa adelantó que pondrá a disposición del público el oficio mediante el cual el órgano fiscalizador fundamentó la solicitud sobre su inmueble, al tiempo que cuestionó la discrecionalidad con la que el Congreso del Estado aprobó revisiones exhaustivas a la administración leonesa de los periodos 2022 al 2026, mientras se han desechado propuestas para auditar otros periodos de administraciones estatales previas.
Ruptura y “violencia sistémica”
Alejandra Gutiérrez acusó que el uso del aparato estatal responde a una estrategia autoritaria tras haber dejado las filas del blanquiazul.
«Se convirtieron en todo lo que criticaron: autoritarios, usando todo el estado para estar atacando a quien piensa diferente», criticó la munícipe.
A pesar de calificar las acciones como una campaña de hostigamiento personal y “violencia sistémica”, la mandataria municipal aseguró que no frenará el trabajo del gobierno de León e instó a las autoridades estatales a anteponer el interés de la ciudadanía por encima de las disputas político-electorales.
Contexto del choque institucional
Esta confrontación se produce tras la aprobación, por parte del Congreso de Guanajuato, de una auditoría integral a las finanzas y contrataciones del municipio de León. Mientras el poder legislativo local y la Gobernación han catalogado la revisión como un procedimiento de fiscalización ordinario, la alcaldesa y diversos actores políticos sostienen que las diligencias sobre bienes inmuebles personales marcan una transgresión inédita al debido proceso institucional.
