Democracia y poder – El costo de la democracia

Iván Alfonso Martínez Almanza
Iván Alfonso Martínez Almanza Columnista Platino News

León Gto., a 19 de pctubre de 2021.- A partir del mes de septiembre de cada año, el Congreso de la Unión comienza con la discusión de lo que serán la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el próximo año, a nivel federal. El 8 de septiembre, el Secretario de Hacienda tiene la obligación de presentar ante la Cámara de Diputados, la propuesta de los ingresos que se recaudarán y la forma en como se gastarán en el próximo ejercicio fiscal.

Dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que presenta el Gobierno Federal, se incluye también la propuesta de recursos para los Poderes de la Unión y los organismos autónomos, entre ellos, el presupuesto para el INE.

De todos los organismos autónomos a nivel federal, el presupuesto del INE es, por mucho, el de mayor cuantía. Los montos solicitados para el 2022 de algunos de los órganos autónomos a nivel federal son: 24.6 mil millones de pesos para el INE; 17.9 mil millones para la Fiscalía General de la República; 11.1 mil millones para el INEGI; y 1.7 mil millones para la CNDH.

En el Estado de Guanajuato la situación no es muy diferente. El organismo autónomo con mayores recursos en el 2021 fue la Fiscalía General de Justicia, con 3,207 millones de pesos; le sigue la Universidad de Guanajuato con 2,954 millones, y en tercer lugar el Instituto Electoral, con 700 millones de pesos.

¿Por qué se gasta tanto dinero en los institutos y en los procesos electorales? Como sociedad, hemos tenido una historia peculiar de procesos electorales poco confiables. A lo largo de los años, la ciudadanía ha impulsado cambios que garanticen los principios electorales: la secrecía del voto, la certeza de que es la ciudadanía la que elige a sus representantes, la equidad en la contienda. Para garantizar estos principios es que se otorgan recursos a los partidos políticos, las boletas electorales se imprimen en papel seguridad, con el que están hechos los billetes, y la credencial de elector cuenta con candados de seguridad que impiden su falsificación.

Veamos algunos de los principales gastos electorales. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, dentro del presupuesto que se otorga a los Institutos Electorales se encuentra el financiamiento que se otorga a los partidos políticos. Para 2022 se estima que a nivel federal se entregarán más de 6 mil millones de pesos a los 7 partidos políticos nacionales que cuentan con registro como Partido Político Nacional; y para Guanajuato, los partidos políticos tendrán alrededor de 165 millones de pesos para sus actividades ordinarias, y aquellas específicas que la Ley los obliga, como el fortalecimiento de la participación política de las mujeres.

También debemos considerar que el próximo año se puede presentar dos mecanismos de participación ciudadana a nivel federal: la revocación de mandato y la consulta popular. Para esto, el INE ha presupuestado un total de 5,700 millones de pesos. Ante una eventual revocación de mandato del Presidente López Obrador, el INE tendría que pagar, entre otras cosas, 1,812 millones de pesos en la contratación de Capacitadores Electorales; 222 millones de pesos para la impresión de boletas, mamparas, urnas; y 13 millones de pesos para la impresión de la lista nominal.

Entonces, ¿no hay maneras de reducir el gasto electoral? Si hay, y muchas. Algunas dependen de los propios órganos electorales, algunos implicarían cambios en las leyes. Por ejemplo, el transitar hacia el voto electrónico implicaría reducir gastos por la impresión de materiales electorales, además de aumentar la certeza y la accesibilidad al sufragio.

Otro de los temas que se pueden implementar para mejorar el gasto en las instituciones es promover los procesos de contratación pública abiertos, que permitan encontrar a los mejores proveedores y los precios más bajos posibles. Estudios de la OCDE determinaron que la falta de competencia por los contratos públicos podría aumentar los costos pagados por las instituciones públicas en un 30%. Aquí hay un área de oportunidad que se debe explorar.

Fresero. Licenciado en Ciencia Política y Pasante de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestrante de Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente funcionario electoral. Interesado en temas democráticos, administración pública, economía política y competencia económica.