Irapuato Guanajuato a 25 de agosto de 2021.- En las últimas semanas hemos sido testigos de la confrontación en el Poder Legislativo Federal por la discusión de una Ley de Revocación de Mandato, que regule los aspectos más importantes de este mecanismo de control ciudadano contemplado en la Constitución Federal.
El debate fue protagonizado por los integrantes del Senado, en donde los Grupos Parlamentarios afines al Gobierno Federal (Morena, PT y PVEM) buscaron que dicha Ley pudiera discutirse y aprobarse antes de la próxima Legislatura, que iniciará funciones el 1 de septiembre. Sin embargo, los legisladores de la oposición (PAN, PRI, PRD y MC) han logrado frenar la convocatoria a un periodo extraordinario, y obligado a que dicho tema se discuta cuando ambas Cámaras inicien sesiones de forma ordinaria.
La Revocación de Mandato es un instrumento de control gubernamental contemplado en el artículo 35 de la Constitución Federal, para que, cuando al menos el 3% de la Lista Nominal lo solicite, se dé inicio al procedimiento para preguntar a toda la ciudadanía si el Titular del Ejecutivo Federal continua su mandato, o deja el cargo de forma anticipada.
Esta nueva figura de democracia directa se estableció en 2019 y, de llegarse a juntar el número de firmas necesarias (más de 2 millones 700 mil firmas), en 2022 la ciudadanía estaríamos llamados de nueva cuenta a las urnas.
¿Qué pasa en Guanajuato?
La misma reforma constitucional de 2019 modificó el artículo 116, estableciendo que el mandato de las Gobernadoras y los Gobernadores de los Estados también podría ser sujeto de revocación. Para activar este mecanismo a nivel estatal, serían necesario que fuera solicitado por el 10% de la Lista Nominal en la entidad y dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la reforma.
El Congreso del Estado de Guanajuato no ha realizado ninguna modificación, ni constitucional ni legal, para incorporar dicha figura en la normativa local, lo que genera una laguna legislativa, y genera una falta de certeza en la aplicación de este derecho constitucional.
La falta de regulación a nivel local también pone en un predicamento a la autoridad electoral. Se podría argumentar que, siguiendo la lógica federal, es posible someter a revisión el mandato del actual Gobernador del Estado, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la reforma constitucional de 2019, esto es, siendo solicitado por el 10% de firmas de la Lista Nominal de la entidad y dentro de los tres meses posteriores a cumplir la mitad del mandato.
Esa interpretación implicaría que la autoridad electoral local debería emitir la convocatoria de revocación de mandato del Gobernador Rodríguez Vallejo, si cerca de 450,000 ciudadanas y ciudadanos lo solicitan entre septiembre y diciembre del presente año.
La otra interpretación es que las leyes no se aplican de forma retroactiva y que, si la reforma constitucional fue promulgada en 2019, la revocación de mandato solo aplicaría para quien ostente la Titularidad del Poder Ejecutivo local en 2024.
Ante la falta de regulación normativa en la materia, y cerca de llegar a la mitad del mandato del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez, será de suma importancia dar seguimiento a las decisiones que tome el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Aquí también se observan dos posibilidades: la primera es que, a falta de regulación, se declaren improcedentes aquellas solicitudes que posiblemente lleguen para solicitar la revocación de mandato; la segunda es que, siguiendo los pasos del INE, el Consejo General del IEEG emita Lineamientos que permitan dar certeza a este proceso. Sea cual sea a decisión que se tome en el IEEG, sin duda será cuestionada y, con altas probabilidades, las autoridades jurisdiccionales tendrán la última palabra.
