Guanajuato, Gto., 18 de abril de 2022.- Tras no alcanzar la mayoría calificada para la aprobación del decreto que buscaba reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía eléctrica, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo dijo que ahora deberán seguir los proyectos e inversiones para la generación de energías limpias.
Sin emitir calificativos al revés legislativo a la enmienda enviada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el guanajuatense dijo que la votación en Cámara es una “muestra de cómo funciona la democracia en nuestro país” y debido a que la Ley queda tal cual está “vamos a seguir trabajando en los proyectos no sólo (para la generación) de energía eólica sino en fotovoltaica que tiene mucho potencial por la radiación que se tiene” en Guanajuato, dijo.
La entidad ocupa el octavo lugar nacional en la generación de energía eléctrica a través de tecnologías limpias, de acuerdo a la Secretaría de Energía del Gobierno de la República.
Según los permisos otorgados por la CRE, en el estado de Guanajuato, 22 empresas han logrado ser permisionarios para generar electricidad en autoabastecimiento. De los cuales solo 15 están actualmente en operación.
Las alianzas internacionales que forman parte de la agenda ambiental que impulsa el Gobierno del Estado, son el antecedente que han impulsado proyectos hacia la aceleración de la agenda climática.
Durante los últimos dos años, (al 2021), se han instalado en viviendas, escuelas públicas y en edificios del Gobierno del Estado 836 módulos fotovoltaicos con una potencia de generación de energía renovable instalada de 276.9 kW. Con estas acciones se generan 472.24 MWh (megawatts-hora) al año, mitigando 238.48 toneladas de CO2eq (dióxido de carbono equivalente) cada año.
En la presente administración estatal se impulsa el Sistema de Administración Pública Sustentable (SAPS) que impulsa el fomento del uso de energías limpias e implementación programas de eficiencia energética en los edificios públicos del Gobierno del Estado, en continuidad de una política pública ambiental con visión transversal.
