En uno de sus conflictos que ha librado la ciudad de León por contar con suficiencia de agua, y que no será el último por supuesto, surgió un grito de batalla a partir del Frente Cívico Romitense que encabezó el empresario floricultor Heriberto Calderón Amador: “¿De quién es el agua?”
La frase era un reclamo al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León que, en aquel 2002, construía un acuífero para dotar de agua a la capital cuerera desde el municipio de Romita. Un dato es que el 18 de junio, la protesta social tomó tintes violentos luego de que campesinos tomaran la alcaldía de ese municipio. Hubo más de 200 detenidos y decenas de campesinos heridos.
En la actualidad cabría realizar la reflexión que enarboló ese movimiento y, volverla a recordar al sistema operador de agua de León: “¿De quién es el agua?”
Como anticipé en este mismo espacio, ayer por la tarde se realizó la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento donde se aprobaron los consejos ciudadanos de Planeación de Desarrollo Municipal, del Instituto Cultural y del SAPAL.
Los consejeros de este último organismo que estima ingresos por 2 mil 427 millones de pesos por conceptos de servicios relacionados con el agua potable para este año tienen en su mayoría un origen empresarial. Cuentan con un asiento con voz y voto en ese consejo representantes de CANACINTRA, CICUR, CICEG, CANACO-SERVYTUR, CMIC, COPARMEX, APIMEX, CANADEVI, CANADEVI Y AMEXME.
También habrá integrantes de la CTM, del Colegio de Ingenieros Civiles de León, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, así como del TEC de Monterrey y de un organismo llamado Asociación Mexicana de Hidráulica que propone al extesorero estatal Juan Ignacio Martín Solís.
Pero ¿Dónde están los representantes ciudadanos? No se trata de caer en el discurso fácil de los pobres y los ricos, pero lo que sí es una realidad es que en León por lo menos 20 mil ciudadanos no cuentan con un servicio regular de este recurso. ¿Quién los representa?
Hay zonas donde no existe un manejo sustentable del recurso y hay poca o nula educación ambiental y por ende no existe una cultura hídrica. ¿Quién atiende ese concepto?
¿Quién vigila que no exista el huachicoleo de pozos de agua para abastecer de cisternas a la industria, hoteles, restaurantes, entre otros? Habrá de recordarse que el ex presidente del Consejo de SAPAL, Jorge Videgaray emprendió una cruzada en contra de las pipas que abastecían de agua no certificada a esos negocios.
¿Quién vigilará que no se condonen a fraccionadores multas o se cobren cuotas mínimas?, ¿Quién determinará las obras de SAPAL y quién será vigilante que no existan conflictos de intereses?
No está en tela de duda la capacidad y probidad de los integrantes del nuevo consejo de SAPAL, pero sí hace falta una representación amplia de la ciudadanía que hoy demanda ser escuchada y quiere participar en lugar de ser tutelada.
En León existen organizaciones de educadores ambientales, clubes de manejo de agua, vecinos que trabajan por los ecosistemas en sus zonas, universidades públicas con un profundo manejo en la investigación social o en la administración pública.
Más que un sentido empresarial por la sostenibilidad económica y financiera, hoy la visión de futuro que se escribió en el documento 2020 -que se editó hace 15 años atrás- debe seguir a la sustentabilidad social.
¿Quién apoya o escucha a los ciudadanos que no tienen para pagar la cuenta del agua mientras, a los empresarios se les condonan? Son preguntas.
Así que, aunque nadie me preguntó… ¿De quién es el agua?
